En una operación sin precedentes, cerca de las 07:30 horas de este jueves despegó el primer vuelo de expulsión de migrantes irregulares del gobierno del Presidente José Antonio Kast. La salida se llevó a cabo desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea, en una pista contigua al Aeropuerto de Santiago. El vuelo tenía como destino Bolivia, Ecuador y Colombia, con un total de 40 extranjeros a bordo. De estos, 12 se dirigían a Bolivia, 9 a Ecuador y 19 a Colombia. El traslado se realizó en un Boeing 737 de la FACh y cada migrante estuvo acompañado por un funcionario de la PDI. Se tiene previsto que la aeronave haga una escala en Iquique para sumar más personas que serán deportadas. Según informes oficiales, todos los expulsados han cometido diversos delitos en Chile, como ingreso por pasos no habilitados, receptación de vehículos motorizados, tráfico de drogas, robo con violencia, lesiones, daños simples y porte ilegal de armas, entre otros. El plan del Ejecutivo es llevar a cabo tres vuelos mensuales para estas expulsiones. Además, se está evaluando la posibilidad de complementar los viajes aéreos con traslados terrestres en buses. Sin embargo, se ha mencionado que los vuelos chárter representan un mayor gasto. Para financiar estas medidas, el Gobierno utilizará los $4 mil millones asignados en la Ley de Presupuestos. Este monto será destinado a cubrir los costos de expulsión durante el semestre, estimados en cerca de $3 millones por procedimiento. Hasta el momento, no se han podido concretar expulsiones hacia Venezuela debido a la falta de relaciones diplomáticas que impiden coordinar estos procesos. Fuente: Meganoticias
El Gobierno ha presentado un plan que contempla la eliminación del pago de contribuciones para la vivienda principal de adultos mayores, con una serie de requisitos y un mecanismo de compensación para los municipios. Una de las medidas destacadas en el Plan de Reconstrucción Nacional del Presidente José Antonio Kast se enfoca en los adultos mayores: la eliminación del pago de contribuciones para su vivienda principal. Este anuncio fue realizado en cadena nacional y forma parte de un proyecto que será discutido en el Congreso. La iniciativa propone una exención del impuesto territorial, conocido como contribuciones, para personas mayores de 65 años, aplicable exclusivamente a su primera vivienda. En la práctica, aquellos que cumplan con los requisitos dejarían de pagar este impuesto por el inmueble donde residen habitualmente. El proyecto define la vivienda principal como el inmueble destinado a habitación que constituye la residencia habitual del contribuyente, es decir, donde vive de manera permanente. La propuesta establece tres condiciones principales. Uno de los puntos clave es que la exención solo se aplicará a una vivienda. En caso de tener más de una propiedad, el beneficiario deberá declarar cuál corresponde a su domicilio principal. El inicio del beneficio dependerá de la publicación de la ley. Considerando que las contribuciones son una fuente relevante de financiamiento para los municipios, el proyecto contempla que el Estado compense estos recursos mediante aportes adicionales al Fondo Común Municipal. Por otro lado, integrantes de la bancada UDI solicitaron al Gobierno que la eliminación del pago de contribuciones también se aplique a mujeres mayores de 60 años, considerando que esa es la edad legal de jubilación femenina en Chile. Durante un cónclave oficialista realizado en Cerro Castillo, el diputado Jaime Coloma y las diputadas Marlene Pérez, Ximena Naranjo, Natalia Romero, Constanza Hube y Alejandra Valdebenito plantearon que esta propuesta debiera incorporarse al proyecto para apoyar a las mujeres que inician su etapa de jubilación a esa edad. Los parlamentarios calificaron la idea como una medida de “sentido común” y afirmaron que, si el objetivo es aliviar la carga en la vejez, no parece razonable que las mujeres deban esperar cinco años más para acceder al beneficio. Desde la UDI insistieron en que esta modificación sería “un acto de justicia”, considerando las dificultades económicas que muchas mujeres enfrentan al término de su vida laboral. Fuente: CNN Chile País
La Tesorería General de la República (TGR) ha logrado recaudar más de $8.300 millones en el mes de abril, como parte de una campaña para cobrar a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), según informó el gobierno. Estos resultados confirman la tendencia al alza en la regularización de las deudas del CAE, alcanzando un total de más de $12.800 millones en 2026. La TGR destaca que estos resultados evidencian una mayor disposición de las personas a regularizar su situación. La Tesorería ha intensificado la campaña enviando correos electrónicos a los deudores del CAE con información sobre las modalidades de pago, buscando evitar acciones legales contra los morosos. Según el organismo, la cartera morosa del CAE asciende a más de 550 mil personas, con una deuda total que supera los $4 billones. Más de 70.000 personas tienen deudas iguales o inferiores a $1.000.000, con un promedio cercano a los $495.000, lo que facilita su pronta regularización. Las deudas del CAE están concentradas principalmente en la Región Metropolitana, con más de 210.000 personas y una deuda superior a $239.000 millones. Le siguen las regiones del Biobío y Valparaíso, con más de 50.000 y 57.000 casos respectivamente y montos entre $65.000 millones y $56.000 millones. En tanto, las regiones del Maule y La Araucanía cuentan con 25.000 y 22.000 personas endeudadas y niveles de deuda por encima de los $28.000 millones y $25.000 millones, respectivamente. Esta distribución refleja la concentración poblacional del país y permite enfocar los esfuerzos en aquellas zonas con mayor cantidad de deudores. Fuente: Publimetro
Un informe de la Contraloría General de la República ha generado preocupación en torno al desarrollo del Plan de Emergencia Habitacional implementado durante la administración de Gabriel Boric, luego de descubrir una serie de irregularidades en la adquisición de terrenos. Según el informe, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo compró terrenos entre los años 2022 y 2024 sin seguir adecuadamente los procedimientos requeridos, llegando incluso a pagar montos que duplicaban o triplicaban el valor de referencia establecido. Una de las principales críticas se centra en la falta de un reglamento fundamental para regular estas transacciones. Este documento, que debía establecer criterios como precios, ubicación y condiciones técnicas, nunca fue emitido dentro del plazo legal. El informe también señala deficiencias en la planificación territorial, evidenciando la compra de aproximadamente 252 hectáreas en regiones donde no era necesario adquirir terrenos, mientras que en áreas con alta demanda habitacional los avances fueron mínimos. Además, se destaca el uso frecuente de compras directas sin justificación administrativa adecuada, lo que ha llevado a la Contraloría a iniciar investigaciones para determinar posibles responsabilidades. Otro aspecto crítico identificado es que, en varios casos, el mismo organismo encargado de valorar los terrenos era el responsable de su compra posterior, sin un control externo independiente, lo que aumenta el riesgo de errores en la fijación de precios. Por otro lado, la Contraloría ha advertido que una parte significativa de los terrenos adquiridos aún no cuenta con proyectos habitacionales asociados, a pesar de haber sido comprados hace más de tres años, lo que contradice la urgencia declarada en el plan. En conclusión, el organismo fiscalizador ha determinado que la ejecución del programa se alejó de los principios de eficiencia y control del gasto público. Por ello, ha instruido al ministerio correspondiente a implementar medidas correctivas en plazos definidos. Fuente: Publimetro
Francisco Pérez Mackenna respondió a las declaraciones del jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina y afirmó que Chile ejerce pleno control sobre ambas riberas del Estrecho, en base a los tratados de 1881 y 1984. El canciller Francisco Pérez Mackenna salió este martes a responder la polémica abierta por las declaraciones del jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, Hernán Montero, y recalcó que la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes “es indiscutible”. A través de un video, el ministro de Relaciones Exteriores afirmó que “ la soberanía de Chile en el Estrecho de Magallanes es indiscutible y se funda en dos tratados, de 1881 y de 1984 ”. Además, sostuvo que el país ejerce “ pleno control sobre ambas riberas del Estrecho ” y garantiza la libre navegación conforme al derecho internacional. La controversia surgió luego de que Montero señalara en un podcast emitido en enero que “ la boca de Magallanes es argentina ”, aludiendo al tramo comprendido entre Cabo Vírgenes y Punta Dungeness. Sus dichos se viralizaron en los últimos días y generaron cuestionamientos en Chile. Antes de la declaración del canciller, la vocera de Gobierno, Mara Sedini, había evitado entrar al fondo del tema y señaló que serían los ministros sectoriales quienes responderían por parte del Ejecutivo. Horas más tarde, Pérez Mackenna fijó la posición oficial de La Moneda. El pronunciamiento del canciller buscó cerrar una controversia que escaló rápidamente en el debate político y mediático, en un momento especialmente sensible para la relación bilateral entre Chile y Argentina por otras discusiones recientes en materia territorial y marítima. Fuente: CNN Chile País
En una operación sin precedentes, cerca de las 07:30 horas de este jueves despegó el primer vuelo de expulsión de migrantes irregulares del gobierno del Presidente José Antonio Kast. La salida se llevó a cabo desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea, en una pista contigua al Aeropuerto de Santiago. El vuelo tenía como destino Bolivia, Ecuador y Colombia, con un total de 40 extranjeros a bordo. De estos, 12 se dirigían a Bolivia, 9 a Ecuador y 19 a Colombia. El traslado se realizó en un Boeing 737 de la FACh y cada migrante estuvo acompañado por un funcionario de la PDI. Se tiene previsto que la aeronave haga una escala en Iquique para sumar más personas que serán deportadas. Según informes oficiales, todos los expulsados han cometido diversos delitos en Chile, como ingreso por pasos no habilitados, receptación de vehículos motorizados, tráfico de drogas, robo con violencia, lesiones, daños simples y porte ilegal de armas, entre otros. El plan del Ejecutivo es llevar a cabo tres vuelos mensuales para estas expulsiones. Además, se está evaluando la posibilidad de complementar los viajes aéreos con traslados terrestres en buses. Sin embargo, se ha mencionado que los vuelos chárter representan un mayor gasto. Para financiar estas medidas, el Gobierno utilizará los $4 mil millones asignados en la Ley de Presupuestos. Este monto será destinado a cubrir los costos de expulsión durante el semestre, estimados en cerca de $3 millones por procedimiento. Hasta el momento, no se han podido concretar expulsiones hacia Venezuela debido a la falta de relaciones diplomáticas que impiden coordinar estos procesos. Fuente: Meganoticias
El Gobierno ha presentado un plan que contempla la eliminación del pago de contribuciones para la vivienda principal de adultos mayores, con una serie de requisitos y un mecanismo de compensación para los municipios. Una de las medidas destacadas en el Plan de Reconstrucción Nacional del Presidente José Antonio Kast se enfoca en los adultos mayores: la eliminación del pago de contribuciones para su vivienda principal. Este anuncio fue realizado en cadena nacional y forma parte de un proyecto que será discutido en el Congreso. La iniciativa propone una exención del impuesto territorial, conocido como contribuciones, para personas mayores de 65 años, aplicable exclusivamente a su primera vivienda. En la práctica, aquellos que cumplan con los requisitos dejarían de pagar este impuesto por el inmueble donde residen habitualmente. El proyecto define la vivienda principal como el inmueble destinado a habitación que constituye la residencia habitual del contribuyente, es decir, donde vive de manera permanente. La propuesta establece tres condiciones principales. Uno de los puntos clave es que la exención solo se aplicará a una vivienda. En caso de tener más de una propiedad, el beneficiario deberá declarar cuál corresponde a su domicilio principal. El inicio del beneficio dependerá de la publicación de la ley. Considerando que las contribuciones son una fuente relevante de financiamiento para los municipios, el proyecto contempla que el Estado compense estos recursos mediante aportes adicionales al Fondo Común Municipal. Por otro lado, integrantes de la bancada UDI solicitaron al Gobierno que la eliminación del pago de contribuciones también se aplique a mujeres mayores de 60 años, considerando que esa es la edad legal de jubilación femenina en Chile. Durante un cónclave oficialista realizado en Cerro Castillo, el diputado Jaime Coloma y las diputadas Marlene Pérez, Ximena Naranjo, Natalia Romero, Constanza Hube y Alejandra Valdebenito plantearon que esta propuesta debiera incorporarse al proyecto para apoyar a las mujeres que inician su etapa de jubilación a esa edad. Los parlamentarios calificaron la idea como una medida de “sentido común” y afirmaron que, si el objetivo es aliviar la carga en la vejez, no parece razonable que las mujeres deban esperar cinco años más para acceder al beneficio. Desde la UDI insistieron en que esta modificación sería “un acto de justicia”, considerando las dificultades económicas que muchas mujeres enfrentan al término de su vida laboral. Fuente: CNN Chile País
La Tesorería General de la República (TGR) ha logrado recaudar más de $8.300 millones en el mes de abril, como parte de una campaña para cobrar a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), según informó el gobierno. Estos resultados confirman la tendencia al alza en la regularización de las deudas del CAE, alcanzando un total de más de $12.800 millones en 2026. La TGR destaca que estos resultados evidencian una mayor disposición de las personas a regularizar su situación. La Tesorería ha intensificado la campaña enviando correos electrónicos a los deudores del CAE con información sobre las modalidades de pago, buscando evitar acciones legales contra los morosos. Según el organismo, la cartera morosa del CAE asciende a más de 550 mil personas, con una deuda total que supera los $4 billones. Más de 70.000 personas tienen deudas iguales o inferiores a $1.000.000, con un promedio cercano a los $495.000, lo que facilita su pronta regularización. Las deudas del CAE están concentradas principalmente en la Región Metropolitana, con más de 210.000 personas y una deuda superior a $239.000 millones. Le siguen las regiones del Biobío y Valparaíso, con más de 50.000 y 57.000 casos respectivamente y montos entre $65.000 millones y $56.000 millones. En tanto, las regiones del Maule y La Araucanía cuentan con 25.000 y 22.000 personas endeudadas y niveles de deuda por encima de los $28.000 millones y $25.000 millones, respectivamente. Esta distribución refleja la concentración poblacional del país y permite enfocar los esfuerzos en aquellas zonas con mayor cantidad de deudores. Fuente: Publimetro
Un informe de la Contraloría General de la República ha generado preocupación en torno al desarrollo del Plan de Emergencia Habitacional implementado durante la administración de Gabriel Boric, luego de descubrir una serie de irregularidades en la adquisición de terrenos. Según el informe, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo compró terrenos entre los años 2022 y 2024 sin seguir adecuadamente los procedimientos requeridos, llegando incluso a pagar montos que duplicaban o triplicaban el valor de referencia establecido. Una de las principales críticas se centra en la falta de un reglamento fundamental para regular estas transacciones. Este documento, que debía establecer criterios como precios, ubicación y condiciones técnicas, nunca fue emitido dentro del plazo legal. El informe también señala deficiencias en la planificación territorial, evidenciando la compra de aproximadamente 252 hectáreas en regiones donde no era necesario adquirir terrenos, mientras que en áreas con alta demanda habitacional los avances fueron mínimos. Además, se destaca el uso frecuente de compras directas sin justificación administrativa adecuada, lo que ha llevado a la Contraloría a iniciar investigaciones para determinar posibles responsabilidades. Otro aspecto crítico identificado es que, en varios casos, el mismo organismo encargado de valorar los terrenos era el responsable de su compra posterior, sin un control externo independiente, lo que aumenta el riesgo de errores en la fijación de precios. Por otro lado, la Contraloría ha advertido que una parte significativa de los terrenos adquiridos aún no cuenta con proyectos habitacionales asociados, a pesar de haber sido comprados hace más de tres años, lo que contradice la urgencia declarada en el plan. En conclusión, el organismo fiscalizador ha determinado que la ejecución del programa se alejó de los principios de eficiencia y control del gasto público. Por ello, ha instruido al ministerio correspondiente a implementar medidas correctivas en plazos definidos. Fuente: Publimetro
Francisco Pérez Mackenna respondió a las declaraciones del jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina y afirmó que Chile ejerce pleno control sobre ambas riberas del Estrecho, en base a los tratados de 1881 y 1984. El canciller Francisco Pérez Mackenna salió este martes a responder la polémica abierta por las declaraciones del jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, Hernán Montero, y recalcó que la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes “es indiscutible”. A través de un video, el ministro de Relaciones Exteriores afirmó que “ la soberanía de Chile en el Estrecho de Magallanes es indiscutible y se funda en dos tratados, de 1881 y de 1984 ”. Además, sostuvo que el país ejerce “ pleno control sobre ambas riberas del Estrecho ” y garantiza la libre navegación conforme al derecho internacional. La controversia surgió luego de que Montero señalara en un podcast emitido en enero que “ la boca de Magallanes es argentina ”, aludiendo al tramo comprendido entre Cabo Vírgenes y Punta Dungeness. Sus dichos se viralizaron en los últimos días y generaron cuestionamientos en Chile. Antes de la declaración del canciller, la vocera de Gobierno, Mara Sedini, había evitado entrar al fondo del tema y señaló que serían los ministros sectoriales quienes responderían por parte del Ejecutivo. Horas más tarde, Pérez Mackenna fijó la posición oficial de La Moneda. El pronunciamiento del canciller buscó cerrar una controversia que escaló rápidamente en el debate político y mediático, en un momento especialmente sensible para la relación bilateral entre Chile y Argentina por otras discusiones recientes en materia territorial y marítima. Fuente: CNN Chile País
