La administración pública se ve envuelta en una nueva controversia por las altas remuneraciones, luego de que se revelaran datos obtenidos de Transparencia Activa. De acuerdo con los registros correspondientes a junio de 2026, se identificaron 46 funcionarios de 10 superintendencias que habrían recibido salarios iguales o superiores al del actual jefe de Estado. Para poner en contexto la polémica, es importante destacar que el mandatario recibe un salario mensual bruto que supera los $11 millones. El informe señala que estos altos ingresos se encuentran en funcionarios de entidades clave para la regulación y fiscalización a nivel nacional. Entre las instituciones donde se han detectado estas remuneraciones se encuentran las superintendencias de Salud, Pensiones, Seguridad Social, Insolvencia y Reemprendimiento, y Casinos de Juego. También se suman la Superintendencia de Servicios Sanitarios, Electricidad y Combustibles (SEC), Medio Ambiente, Educación y Educación Superior. El tema cobró relevancia pública después de una reunión llevada a cabo el martes pasado entre la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), según informó El Mercurio. Aunque la reunión originalmente abordaba las remuneraciones de ciertos funcionarios de ambas cámaras del Congreso y de la biblioteca del Legislativo, el análisis se amplió a otros organismos estatales que presentan cifras similares. Esta situación ha reavivado el debate sobre la escala salarial en el sector público y la legalidad de que existan cargos con ingresos equiparables o superiores a los del propio presidente. Según los datos analizados, los salarios que compiten con el del jefe de Estado no están generalizados. Transparencia Activa indica que los mayores sueldos serían percibidos principalmente por jefes de servicio, directivos y jefaturas. Este descubrimiento ha generado reacciones inmediatas en el ámbito político, enfocando la atención en la necesidad de revisar la existencia de funcionarios cuyos ingresos igualan o superan al del jefe de Estado. La controversia sigue abierta mientras se examinan los criterios técnicos que justifican estas remuneraciones en el sector público chileno. Fuente: Publimetro
El biministro de Gobierno y portavoz del Ejecutivo, Claudio Alvarado, confirmó que en los próximos días se revelará el nombre del nuevo titular de la Subsecretaría de Hacienda. Esta declaración tiene como objetivo cerrar de manera oficial y rápida la salida del anterior funcionario. Alvarado respaldó la legalidad del proceso de destitución, argumentando que el Gobierno actuó conforme a las disposiciones legales vigentes. Se hizo referencia a la ley de presupuesto y al artículo 110 de la ley de reajuste en relación a los exámenes de drogas para altos cargos. Además, el vocero explicó que este procedimiento de control público se llevó a cabo siguiendo las directrices de la Contraloría General de la República. Según Alvarado, los resultados preliminares proporcionados al gobierno respaldaron de manera racionada la decisión de apartar al funcionario. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que el exfuncionario regrese en caso de un resultado negativo en la contramuestra del test de drogas, Alvarado fue firme. El ministro evitó considerar cualquier opción de reconsideración y reafirmó que el nombramiento del reemplazo es inminente. Tres veces le he dicho que en los próximos días el gobierno va a dar a conocer al próximo subsecretario de Hacienda, destacó el portavoz ante las persistentes preguntas de los periodistas. Con esta reiteración, el Ejecutivo descartó la posibilidad de reintegrar a la exautoridad. La designación oficial del nuevo miembro del equipo económico se llevará a cabo en los próximos días. El Gobierno confía en que este nombramiento rápido contribuirá a normalizar el funcionamiento habitual del Ministerio de Hacienda, disipando así las tensiones políticas existentes. Fuente: ADN Radio Nacional
Una reciente auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) ha revelado una serie de irregularidades administrativas dentro de Carabineros, específicamente en la contratación y fiscalización de los funcionarios que se desempeñan como oficiales de justicia de la institución policial. El informe INVE N° 540 de 2025, centrado en la Dirección Nacional de Personal de Carabineros durante el año 2024, ha puesto al descubierto problemas en las jornadas laborales y en las contrataciones adicionales por resolución (CPR), detectando anomalías que van en contra de la normativa vigente. El hallazgo más relevante del informe indica que, de un total de 144 abogados que trabajaban como oficiales de justicia y cuyas remuneraciones conjuntas superaron los $5.540 millones durante 2024, un grupo de 36 funcionarios mantenía simultáneamente un segundo contrato CPR por 22 horas semanales adicionales, percibiendo más de $1.944 millones por esta vía. La Contraloría verificó que estos 36 profesionales realizaban exactamente las mismas labores en ambos contratos, lo cual va en contra de la normativa pública. Según el dictamen N°13.912 de 2017 de la CGR, una contratación adicional solo es permitida cuando se trata de funciones distintas a las del contrato principal. Ante esta situación, se ha ordenado ajustar las designaciones. Si la jornada de 22 horas resulta insuficiente, corresponderá al General Director de Carabineros actualizar el documento para cubrir las necesidades del servicio, recordando que los oficiales tienen la obligación de extender su jornada ordinaria cuando sea necesario. La auditoría también ha revelado una severa deficiencia en la fiscalización interna. En las inspecciones en terreno, se constató que 23 de los 36 funcionarios con doble contrato no contaban con registros de asistencia ni sistemas de control horario, lo que impidió a la Contraloría verificar si cumplían con las horas por las cuales estaban siendo remunerados con recursos del Estado. Además, se descubrió que 5 funcionarios emitieron boletas por más de $43 millones a particulares durante 2024. A nivel general, 23 oficiales emitieron boletas por más de $434 millones por actividades ajenas a Carabineros. A pesar de que el ejercicio de labores privadas no es necesariamente una infracción, la ausencia de registros imposibilita determinar si dichos trabajos particulares se realizaron fuera del horario laboral institucional. Por último, el informe alertó sobre pagos en exceso a dos funcionarios por montos significativos. Ante esto, la Contraloría tomará acciones legales para exigir la restitución del dinero mediante un reparo y Carabineros deberá informar sobre los resultados de una investigación disciplinaria interna para determinar responsabilidades administrativas. Fuente: ADN Radio Nacional
La Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep), conocida como 'Tía Rica', ha anunciado una medida extraordinaria para el mes de agosto que beneficiará a las regiones de Coquimbo y Valparaíso. Esta medida consiste en elevar transitoriamente el valor del gramo de oro a $30.000, siendo este el monto más alto en la historia de la institución, como respuesta al sistema frontal que afecta a dichas zonas. Con esta iniciativa, las personas que realicen operaciones en las Unidades de Crédito de Dicrep en ambas regiones podrán acceder a un mayor monto de préstamo por una misma prenda de oro. Esto proporciona una alternativa de financiamiento para hacer frente a gastos urgentes derivados de la situación climática adversa. Según explicó Dicrep, las condiciones y requisitos para acceder al crédito prendario no sufrirán modificaciones, siendo el único cambio el aumento extraordinario del valor del gramo de oro durante la vigencia de la medida. Sabemos que, frente a una emergencia, muchas familias necesitan acceder a recursos de manera rápida para enfrentar gastos imprevistos. Por eso, como Dirección General del Crédito Prendario, hemos dispuesto esta medida extraordinaria que permitirá obtener un mayor monto de préstamo por una misma prenda de oro, entregando una alternativa de financiamiento oportuna y en mejores condiciones, señaló Omar Fernández, director general (s) de Dicrep. Este beneficio estará disponible durante todo el mes de agosto en las Unidades de Crédito Dicrep ubicadas en La Serena, Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Quillota y Los Andes. En estos lugares, las personas podrán empeñar una prenda de oro y acceder al valor extraordinario de $30.000 por gramo. La atención se llevará a cabo de lunes a viernes, entre las 09:00 y las 14:00 horas. Para conocer los requisitos y direcciones exactas de las sucursales donde estará disponible esta medida especial, se puede consultar el sitio web oficial de Dicrep. Fuente: Meganoticias
La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados ha aprobado y enviado a Sala el proyecto de ley (boletín 16300) que busca ampliar la figura de la legítima defensa privilegiada a los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren en calidad de franco. El objetivo principal de esta moción parlamentaria es extender los límites y la aplicación de la ley 21.560, conocida como Naín Retamal. En su redacción actual, esta normativa establece una presunción de legítima defensa únicamente para los efectivos policiales, de Gendarmería y militares cuando están en servicio activo de orden y seguridad pública interior, dejando desprotegidos legalmente a aquellos que actúan para repeler un ataque estando fuera de servicio. Para abordar esta laguna legal, el nuevo proyecto especifica que esta presunción jurídica también se aplicará a los funcionarios que, estando en franco, repelan o eviten una agresión que ponga en peligro su integridad física, su vida o la de terceros. Además, la iniciativa legaliza que esta acción defensiva o protectora pueda llevarse a cabo legítimamente mediante el uso de armas u otros medios defensivos proporcionales al ataque enfrentado. Durante el proceso legislativo, el debate se centró en dos indicaciones presentadas para limitar el alcance de esta figura jurídica. La primera indicación, propuesta por el diputado Patricio Pinilla, buscaba restringir la protección a agresiones con armas o ataques perpetrados por dos o más personas, excluyendo la presunción si la agresión ya había terminado o si el funcionario estaba suspendido. La segunda indicación, del diputado Raúl Leiva, sugería que la legítima defensa operara siempre que la acción del funcionario en franco se llevara a cabo estrictamente en cumplimiento de su deber o para mantener el orden público. Ambas enmiendas fueron rechazadas por la comisión, argumentando que imponer demasiadas restricciones podría dejar fuera situaciones reales de riesgo que son precisamente las que inspiran esta ley. En línea con esto, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, respaldó mantener la redacción original del proyecto. Durante su intervención, el ministro afirmó que especificar hipótesis de aplicación puede dejar desprotegidos a funcionarios policiales en casos no previstos, sosteniendo que el texto aprobado permite abarcar una mayor variedad realista de escenarios de riesgo. Fuente: ADN Radio Nacional
La administración pública se ve envuelta en una nueva controversia por las altas remuneraciones, luego de que se revelaran datos obtenidos de Transparencia Activa. De acuerdo con los registros correspondientes a junio de 2026, se identificaron 46 funcionarios de 10 superintendencias que habrían recibido salarios iguales o superiores al del actual jefe de Estado. Para poner en contexto la polémica, es importante destacar que el mandatario recibe un salario mensual bruto que supera los $11 millones. El informe señala que estos altos ingresos se encuentran en funcionarios de entidades clave para la regulación y fiscalización a nivel nacional. Entre las instituciones donde se han detectado estas remuneraciones se encuentran las superintendencias de Salud, Pensiones, Seguridad Social, Insolvencia y Reemprendimiento, y Casinos de Juego. También se suman la Superintendencia de Servicios Sanitarios, Electricidad y Combustibles (SEC), Medio Ambiente, Educación y Educación Superior. El tema cobró relevancia pública después de una reunión llevada a cabo el martes pasado entre la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), según informó El Mercurio. Aunque la reunión originalmente abordaba las remuneraciones de ciertos funcionarios de ambas cámaras del Congreso y de la biblioteca del Legislativo, el análisis se amplió a otros organismos estatales que presentan cifras similares. Esta situación ha reavivado el debate sobre la escala salarial en el sector público y la legalidad de que existan cargos con ingresos equiparables o superiores a los del propio presidente. Según los datos analizados, los salarios que compiten con el del jefe de Estado no están generalizados. Transparencia Activa indica que los mayores sueldos serían percibidos principalmente por jefes de servicio, directivos y jefaturas. Este descubrimiento ha generado reacciones inmediatas en el ámbito político, enfocando la atención en la necesidad de revisar la existencia de funcionarios cuyos ingresos igualan o superan al del jefe de Estado. La controversia sigue abierta mientras se examinan los criterios técnicos que justifican estas remuneraciones en el sector público chileno. Fuente: Publimetro
El biministro de Gobierno y portavoz del Ejecutivo, Claudio Alvarado, confirmó que en los próximos días se revelará el nombre del nuevo titular de la Subsecretaría de Hacienda. Esta declaración tiene como objetivo cerrar de manera oficial y rápida la salida del anterior funcionario. Alvarado respaldó la legalidad del proceso de destitución, argumentando que el Gobierno actuó conforme a las disposiciones legales vigentes. Se hizo referencia a la ley de presupuesto y al artículo 110 de la ley de reajuste en relación a los exámenes de drogas para altos cargos. Además, el vocero explicó que este procedimiento de control público se llevó a cabo siguiendo las directrices de la Contraloría General de la República. Según Alvarado, los resultados preliminares proporcionados al gobierno respaldaron de manera racionada la decisión de apartar al funcionario. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que el exfuncionario regrese en caso de un resultado negativo en la contramuestra del test de drogas, Alvarado fue firme. El ministro evitó considerar cualquier opción de reconsideración y reafirmó que el nombramiento del reemplazo es inminente. Tres veces le he dicho que en los próximos días el gobierno va a dar a conocer al próximo subsecretario de Hacienda, destacó el portavoz ante las persistentes preguntas de los periodistas. Con esta reiteración, el Ejecutivo descartó la posibilidad de reintegrar a la exautoridad. La designación oficial del nuevo miembro del equipo económico se llevará a cabo en los próximos días. El Gobierno confía en que este nombramiento rápido contribuirá a normalizar el funcionamiento habitual del Ministerio de Hacienda, disipando así las tensiones políticas existentes. Fuente: ADN Radio Nacional
Una reciente auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) ha revelado una serie de irregularidades administrativas dentro de Carabineros, específicamente en la contratación y fiscalización de los funcionarios que se desempeñan como oficiales de justicia de la institución policial. El informe INVE N° 540 de 2025, centrado en la Dirección Nacional de Personal de Carabineros durante el año 2024, ha puesto al descubierto problemas en las jornadas laborales y en las contrataciones adicionales por resolución (CPR), detectando anomalías que van en contra de la normativa vigente. El hallazgo más relevante del informe indica que, de un total de 144 abogados que trabajaban como oficiales de justicia y cuyas remuneraciones conjuntas superaron los $5.540 millones durante 2024, un grupo de 36 funcionarios mantenía simultáneamente un segundo contrato CPR por 22 horas semanales adicionales, percibiendo más de $1.944 millones por esta vía. La Contraloría verificó que estos 36 profesionales realizaban exactamente las mismas labores en ambos contratos, lo cual va en contra de la normativa pública. Según el dictamen N°13.912 de 2017 de la CGR, una contratación adicional solo es permitida cuando se trata de funciones distintas a las del contrato principal. Ante esta situación, se ha ordenado ajustar las designaciones. Si la jornada de 22 horas resulta insuficiente, corresponderá al General Director de Carabineros actualizar el documento para cubrir las necesidades del servicio, recordando que los oficiales tienen la obligación de extender su jornada ordinaria cuando sea necesario. La auditoría también ha revelado una severa deficiencia en la fiscalización interna. En las inspecciones en terreno, se constató que 23 de los 36 funcionarios con doble contrato no contaban con registros de asistencia ni sistemas de control horario, lo que impidió a la Contraloría verificar si cumplían con las horas por las cuales estaban siendo remunerados con recursos del Estado. Además, se descubrió que 5 funcionarios emitieron boletas por más de $43 millones a particulares durante 2024. A nivel general, 23 oficiales emitieron boletas por más de $434 millones por actividades ajenas a Carabineros. A pesar de que el ejercicio de labores privadas no es necesariamente una infracción, la ausencia de registros imposibilita determinar si dichos trabajos particulares se realizaron fuera del horario laboral institucional. Por último, el informe alertó sobre pagos en exceso a dos funcionarios por montos significativos. Ante esto, la Contraloría tomará acciones legales para exigir la restitución del dinero mediante un reparo y Carabineros deberá informar sobre los resultados de una investigación disciplinaria interna para determinar responsabilidades administrativas. Fuente: ADN Radio Nacional
La Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep), conocida como 'Tía Rica', ha anunciado una medida extraordinaria para el mes de agosto que beneficiará a las regiones de Coquimbo y Valparaíso. Esta medida consiste en elevar transitoriamente el valor del gramo de oro a $30.000, siendo este el monto más alto en la historia de la institución, como respuesta al sistema frontal que afecta a dichas zonas. Con esta iniciativa, las personas que realicen operaciones en las Unidades de Crédito de Dicrep en ambas regiones podrán acceder a un mayor monto de préstamo por una misma prenda de oro. Esto proporciona una alternativa de financiamiento para hacer frente a gastos urgentes derivados de la situación climática adversa. Según explicó Dicrep, las condiciones y requisitos para acceder al crédito prendario no sufrirán modificaciones, siendo el único cambio el aumento extraordinario del valor del gramo de oro durante la vigencia de la medida. Sabemos que, frente a una emergencia, muchas familias necesitan acceder a recursos de manera rápida para enfrentar gastos imprevistos. Por eso, como Dirección General del Crédito Prendario, hemos dispuesto esta medida extraordinaria que permitirá obtener un mayor monto de préstamo por una misma prenda de oro, entregando una alternativa de financiamiento oportuna y en mejores condiciones, señaló Omar Fernández, director general (s) de Dicrep. Este beneficio estará disponible durante todo el mes de agosto en las Unidades de Crédito Dicrep ubicadas en La Serena, Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Quillota y Los Andes. En estos lugares, las personas podrán empeñar una prenda de oro y acceder al valor extraordinario de $30.000 por gramo. La atención se llevará a cabo de lunes a viernes, entre las 09:00 y las 14:00 horas. Para conocer los requisitos y direcciones exactas de las sucursales donde estará disponible esta medida especial, se puede consultar el sitio web oficial de Dicrep. Fuente: Meganoticias
La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados ha aprobado y enviado a Sala el proyecto de ley (boletín 16300) que busca ampliar la figura de la legítima defensa privilegiada a los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren en calidad de franco. El objetivo principal de esta moción parlamentaria es extender los límites y la aplicación de la ley 21.560, conocida como Naín Retamal. En su redacción actual, esta normativa establece una presunción de legítima defensa únicamente para los efectivos policiales, de Gendarmería y militares cuando están en servicio activo de orden y seguridad pública interior, dejando desprotegidos legalmente a aquellos que actúan para repeler un ataque estando fuera de servicio. Para abordar esta laguna legal, el nuevo proyecto especifica que esta presunción jurídica también se aplicará a los funcionarios que, estando en franco, repelan o eviten una agresión que ponga en peligro su integridad física, su vida o la de terceros. Además, la iniciativa legaliza que esta acción defensiva o protectora pueda llevarse a cabo legítimamente mediante el uso de armas u otros medios defensivos proporcionales al ataque enfrentado. Durante el proceso legislativo, el debate se centró en dos indicaciones presentadas para limitar el alcance de esta figura jurídica. La primera indicación, propuesta por el diputado Patricio Pinilla, buscaba restringir la protección a agresiones con armas o ataques perpetrados por dos o más personas, excluyendo la presunción si la agresión ya había terminado o si el funcionario estaba suspendido. La segunda indicación, del diputado Raúl Leiva, sugería que la legítima defensa operara siempre que la acción del funcionario en franco se llevara a cabo estrictamente en cumplimiento de su deber o para mantener el orden público. Ambas enmiendas fueron rechazadas por la comisión, argumentando que imponer demasiadas restricciones podría dejar fuera situaciones reales de riesgo que son precisamente las que inspiran esta ley. En línea con esto, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, respaldó mantener la redacción original del proyecto. Durante su intervención, el ministro afirmó que especificar hipótesis de aplicación puede dejar desprotegidos a funcionarios policiales en casos no previstos, sosteniendo que el texto aprobado permite abarcar una mayor variedad realista de escenarios de riesgo. Fuente: ADN Radio Nacional
