El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, exigió la devolución de los bonos pagados en Codelco sobre la base de cifras de producción cuestionadas, en medio de una investigación que busca esclarecer irregularidades en los registros de la principal empresa estatal del cobre. La controversia surgió luego de que se detectaran inconsistencias que habrían elevado artificialmente los niveles de producción informados por la compañía durante 2024 y 2025, alcanzando preliminarmente las 42.100 toneladas. El caso, que ya derivó en la desvinculación de ocho altos ejecutivos y profesionales, podría generar un impacto contable de entre US$120 millones y US$140 millones, según los antecedentes entregados por la estatal. En una entrevista concedida este lunes a Radio ADN, el secretario de Estado reconoció que los mecanismos de supervisión fueron insuficientes y advirtió que las responsabilidades podrían extenderse más allá de los funcionarios que dejaron sus cargos. Ministro Mas no descarta responsabilidades del directorio de Codelco Consultado sobre el alcance de las irregularidades, Daniel Mas sostuvo que las investigaciones deben avanzar hasta determinar la eventual participación de todas las personas involucradas, independientemente de sus cargos dentro de la empresa. La autoridad recordó que, además de los ocho ejecutivos recientemente desvinculados, otras personas ya habían abandonado la compañía antes de que se conocieran los últimos antecedentes. En ese contexto, afirmó que el Gobierno solicitó ampliar las indagatorias para identificar posibles responsabilidades tanto en los niveles operativos como en la alta administración. Al ser consultado directamente sobre el papel del directorio que encabezaba Máximo Pacheco, el ministro rechazó excluir anticipadamente a sus integrantes de la revisión. Yo no estoy excluyendo a nadie, expresó, agregando que la investigación debe establecer las responsabilidades que correspondan. Mas también reconoció que el directorio tiene deberes de supervisión sobre la gestión de la empresa, aunque evitó atribuir responsabilidades individuales antes de conocer los resultados definitivos. Cifras alteradas podrían representar hasta US$140 millones Las irregularidades investigadas están relacionadas con diferencias en los registros de producción e inventarios de cobre de Codelco. Según información preliminar de la compañía, las inconsistencias habrían provocado una sobreestimación de 42.100 toneladas de producción durante los ejercicios 2024 y 2025. Entre los antecedentes detectados figuran duplicidades en la contabilización de material entre distintas divisiones, lo que habría generado diferencias en los inventarios informados. La estatal calcula que las irregularidades podrían tener un efecto contable de entre US$120 millones y US$140 millones, monto que todavía está siendo revisado por sus auditores. El caso involucra antecedentes de divisiones como Ministro Hales, Salvador y Chuquicamata, además de áreas de la Casa Matriz. Denuncia anónima permitió detectar fallas en los controles Uno de los puntos más cuestionados por el ministro fue la incapacidad de los sistemas de supervisión para detectar oportunamente las inconsistencias. Mas reconoció que tanto los mecanismos internos como los controles externos de la compañía resultaron insuficientes para identificar las irregularidades. Según explicó, los antecedentes comenzaron a conocerse gracias a una denuncia anónima que permitió activar las investigaciones. El secretario de Estado advirtió que, sin esa alerta, las diferencias en los registros de producción podrían haber continuado sin ser detectadas. Ante esta situación, aseguró que el Gobierno buscará fortalecer la fiscalización de las principales empresas públicas, mientras Codelco implementa medidas para mejorar sus procesos de registro, auditoría y control. Gobierno exige recuperar bonos pagados con cifras cuestionadas Otro de los aspectos centrales de la investigación corresponde a los incentivos económicos entregados a trabajadores y ejecutivos por el cumplimiento de metas de producción. El biministro sostuvo que los pagos realizados sobre la base de resultados que posteriormente fueron cuestionados deben ser restituidos. Se tienen que devolver los bonos todos, todos, afirmó durante la entrevista. Sin embargo, la autoridad no precisó qué mecanismos legales o administrativos se utilizarán para exigir la devolución en caso de que existan personas que se nieguen a reintegrar los recursos. Mas explicó que la administración de Codelco ya mantiene conversaciones con los distintos grupos que recibieron estos incentivos para determinar cómo abordar la situación. Por ahora, no se ha informado una cifra definitiva sobre el monto total de los bonos involucrados. Codelco enfrenta revisión de su gestión y cultura interna Además de las responsabilidades individuales, el ministro planteó que las irregularidades reflejan problemas más profundos en el funcionamiento de la compañía. A su juicio, la presión por cumplir determinadas metas de producción pudo haber generado incentivos que afectaron la calidad y confiabilidad de la información presentada. Por ello, sostuvo que la estatal debe avanzar hacia una gestión que priorice la transparencia, la seguridad, la productividad y la rentabilidad. Codelco, por su parte, mantiene investigaciones internas y auditorías externas para determinar el alcance de las inconsistencias, sus efectos financieros y las eventuales responsabilidades. El directorio también ha anunciado medidas para fortalecer los sistemas de control y evitar que situaciones similares vuelvan a producirse. Mientras continúan las indagatorias, el Gobierno insiste en que la investigación no debe limitarse a los ocho ejecutivos desvinculados, sino esclarecer todas las responsabilidades y establecer los mecanismos necesarios para recuperar los recursos que eventualmente fueron pagados de manera indebida.
La compra de viviendas nuevas en Chile podrá quedar exenta del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a partir del 1 de diciembre de 2026, gracias a una medida incluida en la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, que busca reactivar el mercado inmobiliario y reducir la cantidad de propiedades disponibles sin vender. La disposición, publicada en el Diario Oficial el pasado 17 de octubre, tendrá una vigencia de 12 meses, hasta el 30 de noviembre de 2027, y permitirá realizar determinadas operaciones inmobiliarias sin el recargo del IVA. Se trata de una de las medidas económicas impulsadas por el Gobierno para estimular la actividad del sector de la construcción, facilitar la comercialización de viviendas terminadas y contribuir a la recuperación de la inversión inmobiliaria. Sin embargo, el beneficio no se aplicará a todas las viviendas nuevas, ya que la normativa establece condiciones relacionadas con la fecha de recepción definitiva de las obras y la naturaleza de la compraventa. ¿Qué viviendas podrán comprarse sin IVA desde diciembre? La exención se aplicará a la primera venta de viviendas nuevas que cuenten con recepción definitiva de obras otorgada por la Dirección de Obras Municipales antes del 17 de octubre de 2026, fecha en que se publicó la ley. Esto significa que el beneficio está orientado principalmente a propiedades terminadas que forman parte del inventario disponible de las empresas inmobiliarias. Entre sus principales características destaca que no existen límites de precio expresados en Unidades de Fomento (UF), ni restricciones de superficie en metros cuadrados. Asimismo, podrán acceder compradores particulares y personas jurídicas, independientemente de si adquieren el inmueble como primera vivienda, segunda propiedad o inversión inmobiliaria. La exención también puede incluir bodegas y estacionamientos asociados a la vivienda, siempre que cumplan las condiciones legales y se comercialicen conjuntamente con ella. Quedan excluidas las propiedades usadas y las viviendas que no cumplan los requisitos de recepción definitiva establecidos por la normativa. ¿Cuánto podrían bajar los precios de las viviendas? Uno de los principales efectos esperados de la eliminación temporal del IVA es una reducción en el precio final de determinadas propiedades nuevas. Sin embargo, especialistas advierten que la disminución no necesariamente será equivalente al 19%, debido a la forma en que se calcula el impuesto en las operaciones inmobiliarias y a los distintos costos que componen el valor de una vivienda. El arquitecto y académico de la Universidad de Chile, Alberto Texido, explicó que la rebaja efectiva sería menor, considerando la estructura tributaria y productiva del sector. Además, el impacto final dependerá de cómo las inmobiliarias incorporen el beneficio en sus precios comerciales. Por ello, los especialistas recomiendan comparar los valores de una misma propiedad antes y después de la entrada en vigencia de la medida, considerando también los gastos asociados a la compra y al financiamiento hipotecario. Sector inmobiliario proyecta una recuperación durante 2027 Desde la industria inmobiliaria existe una evaluación positiva respecto de los posibles efectos de la exención tributaria. El director ejecutivo de Colliers, Jaime Ugarte, sostuvo que la iniciativa podría ayudar a disminuir el inventario de viviendas nuevas que permanecen sin compradores. A su juicio, la medida podría complementar otros instrumentos de apoyo al mercado, como los subsidios a las tasas de interés hipotecarias, las garantías estatales FOGAES y modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. La combinación de estos mecanismos permitiría mejorar las condiciones para concretar operaciones inmobiliarias y favorecer una recuperación del sector durante 2027. No obstante, el impacto dependerá también del acceso al crédito hipotecario, las tasas de interés y la capacidad de financiamiento de los hogares. Compradores anteriores a diciembre también podrían recuperar el IVA La Ley de Reconstrucción contempla un mecanismo especial para determinadas personas que compraron viviendas nuevas antes de la entrada en vigencia de la exención. El beneficio retroactivo considera operaciones formalizadas mediante escritura pública entre el 22 de abril y el 30 de noviembre de 2026, siempre que cumplan los requisitos establecidos. De acuerdo con el procedimiento informado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), el vendedor deberá restituir al comprador el IVA correspondiente y posteriormente solicitar su devolución al organismo tributario. Para ello, el SII habilitará el Formulario F3298, destinado a las solicitudes de devolución presentadas por los vendedores. En tanto, los compradores deberán acreditar que recibieron la restitución del impuesto mediante la declaración jurada F3299. La normativa también establece exigencias documentales relacionadas con la escritura de compraventa, por lo que será importante verificar las condiciones particulares de cada operación. Expertos advierten que se necesitan otras medidas habitacionales Aunque la exención tributaria podría contribuir a dinamizar las ventas inmobiliarias, especialistas señalan que la recuperación del sector requiere medidas adicionales. El exministro de Vivienda Jaime Ravinet destacó que la disminución de los precios de propiedades terminadas puede favorecer la actividad económica, pero recordó que el país también enfrenta desafíos relacionados con el acceso a la vivienda. Entre ellos mencionó la situación de las más de 100 mil familias que viven en campamentos, problema que requiere soluciones habitacionales de largo plazo. De esta manera, la exención del IVA se presenta como una herramienta para impulsar las ventas de viviendas nuevas, aunque no reemplaza las políticas destinadas a enfrentar el déficit habitacional. ¿Hasta cuándo estará vigente la exención del IVA? El beneficio comenzará a operar el 1 de diciembre de 2026 y tendrá una duración de un año, conforme a la Ley N.º 21.850. Durante este período, las empresas inmobiliarias que cumplan los requisitos podrán aplicar la exención en las operaciones correspondientes. La normativa también contempla reglas especiales para promesas de compraventa celebradas durante la vigencia del beneficio, sujetas a las formalidades legales. Con su implementación, el Gobierno busca incentivar la comercialización de viviendas terminadas y entregar un impulso al sector inmobiliario, cuya recuperación dependerá tanto de los incentivos tributarios como de las condiciones económicas y financieras del país.
Solo 23 de las 345 municipalidades de Chile cumplen completamente con sus obligaciones de transparencia activa, según reveló una fiscalización realizada por el Consejo para la Transparencia (CPLT), que identificó importantes brechas en el acceso ciudadano a información sobre el uso de recursos públicos. El informe, elaborado entre abril y julio de 2026, estableció que el cumplimiento promedio nacional llegó al 88,5%, registrando un aumento de 6,7 puntos porcentuales respecto del año anterior. Se trata del mejor resultado desde que comenzaron estas mediciones en 2012. Sin embargo, el organismo advirtió que 322 municipios todavía presentan algún grado de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación. La presidenta del CPLT, María Jaraquemada, reconoció que los resultados muestran avances, aunque también reflejan dificultades persistentes en áreas relevantes para la fiscalización ciudadana. Gastos públicos y deudas municipales presentan las mayores deficiencias Uno de los aspectos más preocupantes identificados en el estudio corresponde a la disponibilidad de información financiera de los municipios. De acuerdo con los resultados, la publicación de antecedentes presupuestarios alcanzó un 74% de cumplimiento, mientras que la información sobre adquisiciones y contrataciones llegó al 76,9%. La principal brecha se detectó en las deudas de las corporaciones municipales, cuyo nivel de cumplimiento fue de apenas un 46,5%. Asimismo, la publicación de contratos realizados fuera de Mercado Público registró un 60%, evidenciando dificultades para acceder a antecedentes sobre determinadas operaciones municipales. La presidenta del Consejo para la Transparencia enfatizó que conocer cómo se utilizan los recursos públicos constituye una de las principales demandas de información de la ciudadanía. En ese sentido, advirtió que la falta de transparencia puede aumentar los riesgos de irregularidades administrativas, aunque precisó que un incumplimiento en la publicación de antecedentes no significa necesariamente que existan actos de corrupción. ¿Qué municipalidades cumplen completamente con la Ley de Transparencia? La fiscalización identificó a 23 municipios que alcanzaron el 100% de cumplimiento de las obligaciones evaluadas. Entre ellos se encuentran las municipalidades de Angol, Antofagasta, Curicó, Providencia y Puerto Montt, que lograron publicar la totalidad de los antecedentes exigidos en la revisión. En el extremo contrario, el informe identificó a varias comunas con niveles de cumplimiento considerablemente inferiores al promedio nacional. Entre los resultados más bajos aparecen: Huasco, Región de Atacama: 43,6%. Curarrehue, Región de La Araucanía: 47,2%. Catemu, Región de Valparaíso: 49,9%. Longaví, Región del Maule: 51,6%. Independencia, Región Metropolitana: 52,6%. Desde el CPLT explicaron que algunos municipios atribuyen sus dificultades a la falta de personal especializado o de capacidades técnicas. Sin embargo, recalcaron que estas condiciones no eliminan la obligación legal de mantener disponible y actualizada la información pública. Municipios muestran avances respecto de 2025 Pese a las deficiencias detectadas, el estudio también evidenció mejoras relevantes en el desempeño de numerosas administraciones comunales. Según el organismo, 39 de las 41 municipalidades que obtuvieron los resultados más bajos durante 2025 mejoraron sus indicadores en 2026, con un incremento promedio de 30,4 puntos porcentuales. Este avance contribuyó a elevar el cumplimiento nacional hasta su nivel más alto desde el inicio de las fiscalizaciones. No obstante, el Consejo insistió en que todavía existen diferencias importantes entre municipalidades, especialmente en la entrega de antecedentes financieros y contractuales. Consejo para la Transparencia advierte multas por incumplimientos Frente a los resultados, el CPLT anunció que desarrollará investigaciones sumarias para determinar eventuales responsabilidades por el incumplimiento de las obligaciones legales. La normativa contempla multas de entre el 20% y el 50% de la remuneración mensual del infractor, cuando se acrediten incumplimientos injustificados. Junto con las medidas de fiscalización, el organismo continuará realizando capacitaciones y acciones de acompañamiento técnico para fortalecer el cumplimiento de la Ley de Transparencia en los gobiernos comunales. El objetivo institucional es que el promedio nacional supere el 90% durante 2027. Para el Consejo, mejorar el acceso a información sobre presupuestos, gastos, contrataciones y deudas municipales es fundamental para fortalecer la rendición de cuentas y recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Aunque los resultados muestran una evolución positiva, el hecho de que solo 23 municipalidades cumplan la totalidad de las exigencias evidencia los desafíos que todavía enfrenta Chile en materia de transparencia y acceso a la información pública.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, descartó dejar su cargo pese a las presiones políticas surgidas por la controversia sobre las rebajas de condenas. En paralelo, el excandidato presidencial Franco Parisi intensificó sus críticas al Gobierno y planteó que los diputados del Partido de la Gente (PDG) deberían adoptar una posición común frente a la acusación constitucional que prepara la oposición. La situación mantiene abierto un nuevo conflicto político para la administración del Presidente José Antonio Kast, mientras distintos sectores parlamentarios evalúan sus posiciones ante una eventual votación del libelo acusatorio. Rabat asegura respaldo presidencial y anuncia medidas para las víctimas Durante una actividad realizada junto a la nueva subsecretaria de Justicia, Josefina Soto, el secretario de Estado respondió a los cuestionamientos provenientes tanto de la oposición como de partidos oficialistas, entre ellos la UDI y Renovación Nacional. Ante las solicitudes de renuncia, Rabat afirmó que cuenta con apoyo político para continuar sus funciones. Siento respaldo del sector, siento respaldo del señor presidente de la República, pero yo creo que lo relevante hoy día es enfocarnos en la solución a los problemas, sostuvo. Como parte de las medidas anunciadas, el ministro informó que el Ejecutivo impulsará una mesa de defensa de las víctimas, destinada a coordinar propuestas legislativas de distintos sectores políticos y recoger planteamientos de organizaciones relacionadas con esta materia. La autoridad también indicó que durante la semana anterior la Subsecretaría de Derechos Humanos desarrolló 17 reuniones con distintas agrupaciones, como parte del trabajo preparatorio de la iniciativa. Sin embargo, al ser consultado sobre si el respaldo que asegura tener se traducirá en votos suficientes para enfrentar la acusación constitucional, evitó entregar cifras o comprometer apoyos parlamentarios. Franco Parisi cuestiona la permanencia del ministro Desde el Partido de la Gente, Franco Parisi manifestó una postura crítica respecto de la continuidad de Rabat en el gabinete y adelantó que la bancada parlamentaria se reunirá para definir cómo enfrentará la acusación constitucional. La idea es que debe ser un voto en bloque, señaló el excandidato presidencial, quien considera que la controversia trasciende sus eventuales consecuencias jurídicas y constituye un problema de responsabilidad política. Según explicó, la situación representa un incumplimiento del compromiso del Estado con la protección de los menores de edad y la seguridad de la ciudadanía. Parisi agregó que, tras conversar con representantes de su colectividad, estos habrían considerado necesario remover al ministro durante las primeras 24 horas de iniciada la crisis. El dirigente también cuestionó que la salida del exsubsecretario Luis Silva no estuviera acompañada de una decisión similar respecto del titular de Justicia. Críticas a Kast por su viaje a Europa Los cuestionamientos de Parisi también alcanzaron directamente al Presidente José Antonio Kast, a quien responsabilizó políticamente por la conducción de la crisis. El líder del PDG criticó el viaje del mandatario a Europa, que contempla una visita al Vaticano, considerando que el Gobierno enfrenta una controversia que requiere definiciones internas. A juicio del excandidato, los problemas de coordinación y liderazgo del Ejecutivo han profundizado el conflicto, mientras las repercusiones podrían afectar la evaluación ciudadana de la administración. Acusación constitucional mantiene abierto el escenario político La oposición avanza en la preparación de una acusación constitucional contra Fernando Rabat, iniciativa impulsada por sectores del Partido Comunista, Partido Socialista, PPD, Frente Amplio, Partido Liberal y Democracia Cristiana. El libelo se enmarca en la controversia por las rebajas de condenas, incluidas las otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. En este escenario, la definición que adopten los diputados del PDG podría adquirir especial relevancia para el resultado de la votación en la Cámara. Por ahora, el ministro mantiene su decisión de continuar en el cargo y concentrar su gestión en las medidas anunciadas, mientras persiste la presión política sobre el Ejecutivo y se espera conocer la posición definitiva de las distintas bancadas parlamentarias.
El presidente José Antonio Kast designó al general de Aviación Máximo Venegas Raggio como nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO), cargo que ejercerá durante los próximos dos años. El mandatario anunció el nombramiento este miércoles y manifestó sus deseos de éxito al oficial de la Fuerza Aérea de Chile (FACh). “ He designado al general de Aviación Máximo Venegas Raggio como nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto ”, señaló Kast. Añadió que el Gobierno seguirá trabajando para fortalecer las Fuerzas Armadas y su compromiso con la defensa y seguridad del país. Venegas fue recibido este miércoles en el Palacio de La Moneda por el Presidente, en una audiencia en la que también participaron el ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, y el actual jefe del EMCO, el general de Aviación Leonardo Romanini Gutiérrez. El nuevo jefe del organismo reemplazará a Romanini, quien dejará el cargo para asumir como comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile. He designado al general de Aviación Máximo Venegas Raggio como nuevo Jefe del Estado Mayor Conjunto. Le deseo mucho éxito en esta importante responsabilidad. Seguiremos trabajando para fortalecer nuestras Fuerzas Armadas y su compromiso permanente con la defensa y seguridad de Chile. — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast), October 28, 2026 Máximo Venegas Raggio tiene 59 años e ingresó a la Escuela de Aviación Capitán Manuel Ávalos Prado en 1985. Se graduó como alférez el 1 de enero de 1989 y ese mismo año obtuvo la especialidad de piloto de guerra. Durante su carrera se desempeñó en el área de combate como piloto de aeronaves F-5, entre otras. En 2019 ascendió al grado de general de Brigada Aérea y, en 2022, al de general de Aviación. En 2022 asumió como comandante del Comando Logístico y, posteriormente, en 2024, fue nombrado comandante del Comando de Combate. En cuanto a su formación académica, es magíster en Gestión de Procesos de la Universidad Federal Fluminense de Brasil e ingeniero de Ejecución en Sistemas Aeronáuticos de la Academia de Guerra Aérea. También cuenta con formación como oficial de Estado Mayor en las academias de Guerra Aérea de Chile y de la Fuerza Aérea Brasileña, además de diplomados en Evaluación de Proyectos de la CEPAL y en Gestión Logística y Distribución de la Universidad Gabriela Mistral. El Estado Mayor Conjunto es un organismo dependiente del Ministerio de Defensa Nacional que asesora en materias relacionadas con la preparación y el empleo conjunto de las Fuerzas Armadas. Entre sus principales funciones están la planificación estratégica y la coordinación de las capacidades del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, con el objetivo de fortalecer su interoperabilidad y actuación integrada. Asimismo, ejerce el mando militar de las fuerzas asignadas a operaciones conjuntas, conforme a la legislación vigente. Fuente: BioBioChile
El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, exigió la devolución de los bonos pagados en Codelco sobre la base de cifras de producción cuestionadas, en medio de una investigación que busca esclarecer irregularidades en los registros de la principal empresa estatal del cobre. La controversia surgió luego de que se detectaran inconsistencias que habrían elevado artificialmente los niveles de producción informados por la compañía durante 2024 y 2025, alcanzando preliminarmente las 42.100 toneladas. El caso, que ya derivó en la desvinculación de ocho altos ejecutivos y profesionales, podría generar un impacto contable de entre US$120 millones y US$140 millones, según los antecedentes entregados por la estatal. En una entrevista concedida este lunes a Radio ADN, el secretario de Estado reconoció que los mecanismos de supervisión fueron insuficientes y advirtió que las responsabilidades podrían extenderse más allá de los funcionarios que dejaron sus cargos. Ministro Mas no descarta responsabilidades del directorio de Codelco Consultado sobre el alcance de las irregularidades, Daniel Mas sostuvo que las investigaciones deben avanzar hasta determinar la eventual participación de todas las personas involucradas, independientemente de sus cargos dentro de la empresa. La autoridad recordó que, además de los ocho ejecutivos recientemente desvinculados, otras personas ya habían abandonado la compañía antes de que se conocieran los últimos antecedentes. En ese contexto, afirmó que el Gobierno solicitó ampliar las indagatorias para identificar posibles responsabilidades tanto en los niveles operativos como en la alta administración. Al ser consultado directamente sobre el papel del directorio que encabezaba Máximo Pacheco, el ministro rechazó excluir anticipadamente a sus integrantes de la revisión. Yo no estoy excluyendo a nadie, expresó, agregando que la investigación debe establecer las responsabilidades que correspondan. Mas también reconoció que el directorio tiene deberes de supervisión sobre la gestión de la empresa, aunque evitó atribuir responsabilidades individuales antes de conocer los resultados definitivos. Cifras alteradas podrían representar hasta US$140 millones Las irregularidades investigadas están relacionadas con diferencias en los registros de producción e inventarios de cobre de Codelco. Según información preliminar de la compañía, las inconsistencias habrían provocado una sobreestimación de 42.100 toneladas de producción durante los ejercicios 2024 y 2025. Entre los antecedentes detectados figuran duplicidades en la contabilización de material entre distintas divisiones, lo que habría generado diferencias en los inventarios informados. La estatal calcula que las irregularidades podrían tener un efecto contable de entre US$120 millones y US$140 millones, monto que todavía está siendo revisado por sus auditores. El caso involucra antecedentes de divisiones como Ministro Hales, Salvador y Chuquicamata, además de áreas de la Casa Matriz. Denuncia anónima permitió detectar fallas en los controles Uno de los puntos más cuestionados por el ministro fue la incapacidad de los sistemas de supervisión para detectar oportunamente las inconsistencias. Mas reconoció que tanto los mecanismos internos como los controles externos de la compañía resultaron insuficientes para identificar las irregularidades. Según explicó, los antecedentes comenzaron a conocerse gracias a una denuncia anónima que permitió activar las investigaciones. El secretario de Estado advirtió que, sin esa alerta, las diferencias en los registros de producción podrían haber continuado sin ser detectadas. Ante esta situación, aseguró que el Gobierno buscará fortalecer la fiscalización de las principales empresas públicas, mientras Codelco implementa medidas para mejorar sus procesos de registro, auditoría y control. Gobierno exige recuperar bonos pagados con cifras cuestionadas Otro de los aspectos centrales de la investigación corresponde a los incentivos económicos entregados a trabajadores y ejecutivos por el cumplimiento de metas de producción. El biministro sostuvo que los pagos realizados sobre la base de resultados que posteriormente fueron cuestionados deben ser restituidos. Se tienen que devolver los bonos todos, todos, afirmó durante la entrevista. Sin embargo, la autoridad no precisó qué mecanismos legales o administrativos se utilizarán para exigir la devolución en caso de que existan personas que se nieguen a reintegrar los recursos. Mas explicó que la administración de Codelco ya mantiene conversaciones con los distintos grupos que recibieron estos incentivos para determinar cómo abordar la situación. Por ahora, no se ha informado una cifra definitiva sobre el monto total de los bonos involucrados. Codelco enfrenta revisión de su gestión y cultura interna Además de las responsabilidades individuales, el ministro planteó que las irregularidades reflejan problemas más profundos en el funcionamiento de la compañía. A su juicio, la presión por cumplir determinadas metas de producción pudo haber generado incentivos que afectaron la calidad y confiabilidad de la información presentada. Por ello, sostuvo que la estatal debe avanzar hacia una gestión que priorice la transparencia, la seguridad, la productividad y la rentabilidad. Codelco, por su parte, mantiene investigaciones internas y auditorías externas para determinar el alcance de las inconsistencias, sus efectos financieros y las eventuales responsabilidades. El directorio también ha anunciado medidas para fortalecer los sistemas de control y evitar que situaciones similares vuelvan a producirse. Mientras continúan las indagatorias, el Gobierno insiste en que la investigación no debe limitarse a los ocho ejecutivos desvinculados, sino esclarecer todas las responsabilidades y establecer los mecanismos necesarios para recuperar los recursos que eventualmente fueron pagados de manera indebida.
La compra de viviendas nuevas en Chile podrá quedar exenta del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a partir del 1 de diciembre de 2026, gracias a una medida incluida en la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, que busca reactivar el mercado inmobiliario y reducir la cantidad de propiedades disponibles sin vender. La disposición, publicada en el Diario Oficial el pasado 17 de octubre, tendrá una vigencia de 12 meses, hasta el 30 de noviembre de 2027, y permitirá realizar determinadas operaciones inmobiliarias sin el recargo del IVA. Se trata de una de las medidas económicas impulsadas por el Gobierno para estimular la actividad del sector de la construcción, facilitar la comercialización de viviendas terminadas y contribuir a la recuperación de la inversión inmobiliaria. Sin embargo, el beneficio no se aplicará a todas las viviendas nuevas, ya que la normativa establece condiciones relacionadas con la fecha de recepción definitiva de las obras y la naturaleza de la compraventa. ¿Qué viviendas podrán comprarse sin IVA desde diciembre? La exención se aplicará a la primera venta de viviendas nuevas que cuenten con recepción definitiva de obras otorgada por la Dirección de Obras Municipales antes del 17 de octubre de 2026, fecha en que se publicó la ley. Esto significa que el beneficio está orientado principalmente a propiedades terminadas que forman parte del inventario disponible de las empresas inmobiliarias. Entre sus principales características destaca que no existen límites de precio expresados en Unidades de Fomento (UF), ni restricciones de superficie en metros cuadrados. Asimismo, podrán acceder compradores particulares y personas jurídicas, independientemente de si adquieren el inmueble como primera vivienda, segunda propiedad o inversión inmobiliaria. La exención también puede incluir bodegas y estacionamientos asociados a la vivienda, siempre que cumplan las condiciones legales y se comercialicen conjuntamente con ella. Quedan excluidas las propiedades usadas y las viviendas que no cumplan los requisitos de recepción definitiva establecidos por la normativa. ¿Cuánto podrían bajar los precios de las viviendas? Uno de los principales efectos esperados de la eliminación temporal del IVA es una reducción en el precio final de determinadas propiedades nuevas. Sin embargo, especialistas advierten que la disminución no necesariamente será equivalente al 19%, debido a la forma en que se calcula el impuesto en las operaciones inmobiliarias y a los distintos costos que componen el valor de una vivienda. El arquitecto y académico de la Universidad de Chile, Alberto Texido, explicó que la rebaja efectiva sería menor, considerando la estructura tributaria y productiva del sector. Además, el impacto final dependerá de cómo las inmobiliarias incorporen el beneficio en sus precios comerciales. Por ello, los especialistas recomiendan comparar los valores de una misma propiedad antes y después de la entrada en vigencia de la medida, considerando también los gastos asociados a la compra y al financiamiento hipotecario. Sector inmobiliario proyecta una recuperación durante 2027 Desde la industria inmobiliaria existe una evaluación positiva respecto de los posibles efectos de la exención tributaria. El director ejecutivo de Colliers, Jaime Ugarte, sostuvo que la iniciativa podría ayudar a disminuir el inventario de viviendas nuevas que permanecen sin compradores. A su juicio, la medida podría complementar otros instrumentos de apoyo al mercado, como los subsidios a las tasas de interés hipotecarias, las garantías estatales FOGAES y modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. La combinación de estos mecanismos permitiría mejorar las condiciones para concretar operaciones inmobiliarias y favorecer una recuperación del sector durante 2027. No obstante, el impacto dependerá también del acceso al crédito hipotecario, las tasas de interés y la capacidad de financiamiento de los hogares. Compradores anteriores a diciembre también podrían recuperar el IVA La Ley de Reconstrucción contempla un mecanismo especial para determinadas personas que compraron viviendas nuevas antes de la entrada en vigencia de la exención. El beneficio retroactivo considera operaciones formalizadas mediante escritura pública entre el 22 de abril y el 30 de noviembre de 2026, siempre que cumplan los requisitos establecidos. De acuerdo con el procedimiento informado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), el vendedor deberá restituir al comprador el IVA correspondiente y posteriormente solicitar su devolución al organismo tributario. Para ello, el SII habilitará el Formulario F3298, destinado a las solicitudes de devolución presentadas por los vendedores. En tanto, los compradores deberán acreditar que recibieron la restitución del impuesto mediante la declaración jurada F3299. La normativa también establece exigencias documentales relacionadas con la escritura de compraventa, por lo que será importante verificar las condiciones particulares de cada operación. Expertos advierten que se necesitan otras medidas habitacionales Aunque la exención tributaria podría contribuir a dinamizar las ventas inmobiliarias, especialistas señalan que la recuperación del sector requiere medidas adicionales. El exministro de Vivienda Jaime Ravinet destacó que la disminución de los precios de propiedades terminadas puede favorecer la actividad económica, pero recordó que el país también enfrenta desafíos relacionados con el acceso a la vivienda. Entre ellos mencionó la situación de las más de 100 mil familias que viven en campamentos, problema que requiere soluciones habitacionales de largo plazo. De esta manera, la exención del IVA se presenta como una herramienta para impulsar las ventas de viviendas nuevas, aunque no reemplaza las políticas destinadas a enfrentar el déficit habitacional. ¿Hasta cuándo estará vigente la exención del IVA? El beneficio comenzará a operar el 1 de diciembre de 2026 y tendrá una duración de un año, conforme a la Ley N.º 21.850. Durante este período, las empresas inmobiliarias que cumplan los requisitos podrán aplicar la exención en las operaciones correspondientes. La normativa también contempla reglas especiales para promesas de compraventa celebradas durante la vigencia del beneficio, sujetas a las formalidades legales. Con su implementación, el Gobierno busca incentivar la comercialización de viviendas terminadas y entregar un impulso al sector inmobiliario, cuya recuperación dependerá tanto de los incentivos tributarios como de las condiciones económicas y financieras del país.
Solo 23 de las 345 municipalidades de Chile cumplen completamente con sus obligaciones de transparencia activa, según reveló una fiscalización realizada por el Consejo para la Transparencia (CPLT), que identificó importantes brechas en el acceso ciudadano a información sobre el uso de recursos públicos. El informe, elaborado entre abril y julio de 2026, estableció que el cumplimiento promedio nacional llegó al 88,5%, registrando un aumento de 6,7 puntos porcentuales respecto del año anterior. Se trata del mejor resultado desde que comenzaron estas mediciones en 2012. Sin embargo, el organismo advirtió que 322 municipios todavía presentan algún grado de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación. La presidenta del CPLT, María Jaraquemada, reconoció que los resultados muestran avances, aunque también reflejan dificultades persistentes en áreas relevantes para la fiscalización ciudadana. Gastos públicos y deudas municipales presentan las mayores deficiencias Uno de los aspectos más preocupantes identificados en el estudio corresponde a la disponibilidad de información financiera de los municipios. De acuerdo con los resultados, la publicación de antecedentes presupuestarios alcanzó un 74% de cumplimiento, mientras que la información sobre adquisiciones y contrataciones llegó al 76,9%. La principal brecha se detectó en las deudas de las corporaciones municipales, cuyo nivel de cumplimiento fue de apenas un 46,5%. Asimismo, la publicación de contratos realizados fuera de Mercado Público registró un 60%, evidenciando dificultades para acceder a antecedentes sobre determinadas operaciones municipales. La presidenta del Consejo para la Transparencia enfatizó que conocer cómo se utilizan los recursos públicos constituye una de las principales demandas de información de la ciudadanía. En ese sentido, advirtió que la falta de transparencia puede aumentar los riesgos de irregularidades administrativas, aunque precisó que un incumplimiento en la publicación de antecedentes no significa necesariamente que existan actos de corrupción. ¿Qué municipalidades cumplen completamente con la Ley de Transparencia? La fiscalización identificó a 23 municipios que alcanzaron el 100% de cumplimiento de las obligaciones evaluadas. Entre ellos se encuentran las municipalidades de Angol, Antofagasta, Curicó, Providencia y Puerto Montt, que lograron publicar la totalidad de los antecedentes exigidos en la revisión. En el extremo contrario, el informe identificó a varias comunas con niveles de cumplimiento considerablemente inferiores al promedio nacional. Entre los resultados más bajos aparecen: Huasco, Región de Atacama: 43,6%. Curarrehue, Región de La Araucanía: 47,2%. Catemu, Región de Valparaíso: 49,9%. Longaví, Región del Maule: 51,6%. Independencia, Región Metropolitana: 52,6%. Desde el CPLT explicaron que algunos municipios atribuyen sus dificultades a la falta de personal especializado o de capacidades técnicas. Sin embargo, recalcaron que estas condiciones no eliminan la obligación legal de mantener disponible y actualizada la información pública. Municipios muestran avances respecto de 2025 Pese a las deficiencias detectadas, el estudio también evidenció mejoras relevantes en el desempeño de numerosas administraciones comunales. Según el organismo, 39 de las 41 municipalidades que obtuvieron los resultados más bajos durante 2025 mejoraron sus indicadores en 2026, con un incremento promedio de 30,4 puntos porcentuales. Este avance contribuyó a elevar el cumplimiento nacional hasta su nivel más alto desde el inicio de las fiscalizaciones. No obstante, el Consejo insistió en que todavía existen diferencias importantes entre municipalidades, especialmente en la entrega de antecedentes financieros y contractuales. Consejo para la Transparencia advierte multas por incumplimientos Frente a los resultados, el CPLT anunció que desarrollará investigaciones sumarias para determinar eventuales responsabilidades por el incumplimiento de las obligaciones legales. La normativa contempla multas de entre el 20% y el 50% de la remuneración mensual del infractor, cuando se acrediten incumplimientos injustificados. Junto con las medidas de fiscalización, el organismo continuará realizando capacitaciones y acciones de acompañamiento técnico para fortalecer el cumplimiento de la Ley de Transparencia en los gobiernos comunales. El objetivo institucional es que el promedio nacional supere el 90% durante 2027. Para el Consejo, mejorar el acceso a información sobre presupuestos, gastos, contrataciones y deudas municipales es fundamental para fortalecer la rendición de cuentas y recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Aunque los resultados muestran una evolución positiva, el hecho de que solo 23 municipalidades cumplan la totalidad de las exigencias evidencia los desafíos que todavía enfrenta Chile en materia de transparencia y acceso a la información pública.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, descartó dejar su cargo pese a las presiones políticas surgidas por la controversia sobre las rebajas de condenas. En paralelo, el excandidato presidencial Franco Parisi intensificó sus críticas al Gobierno y planteó que los diputados del Partido de la Gente (PDG) deberían adoptar una posición común frente a la acusación constitucional que prepara la oposición. La situación mantiene abierto un nuevo conflicto político para la administración del Presidente José Antonio Kast, mientras distintos sectores parlamentarios evalúan sus posiciones ante una eventual votación del libelo acusatorio. Rabat asegura respaldo presidencial y anuncia medidas para las víctimas Durante una actividad realizada junto a la nueva subsecretaria de Justicia, Josefina Soto, el secretario de Estado respondió a los cuestionamientos provenientes tanto de la oposición como de partidos oficialistas, entre ellos la UDI y Renovación Nacional. Ante las solicitudes de renuncia, Rabat afirmó que cuenta con apoyo político para continuar sus funciones. Siento respaldo del sector, siento respaldo del señor presidente de la República, pero yo creo que lo relevante hoy día es enfocarnos en la solución a los problemas, sostuvo. Como parte de las medidas anunciadas, el ministro informó que el Ejecutivo impulsará una mesa de defensa de las víctimas, destinada a coordinar propuestas legislativas de distintos sectores políticos y recoger planteamientos de organizaciones relacionadas con esta materia. La autoridad también indicó que durante la semana anterior la Subsecretaría de Derechos Humanos desarrolló 17 reuniones con distintas agrupaciones, como parte del trabajo preparatorio de la iniciativa. Sin embargo, al ser consultado sobre si el respaldo que asegura tener se traducirá en votos suficientes para enfrentar la acusación constitucional, evitó entregar cifras o comprometer apoyos parlamentarios. Franco Parisi cuestiona la permanencia del ministro Desde el Partido de la Gente, Franco Parisi manifestó una postura crítica respecto de la continuidad de Rabat en el gabinete y adelantó que la bancada parlamentaria se reunirá para definir cómo enfrentará la acusación constitucional. La idea es que debe ser un voto en bloque, señaló el excandidato presidencial, quien considera que la controversia trasciende sus eventuales consecuencias jurídicas y constituye un problema de responsabilidad política. Según explicó, la situación representa un incumplimiento del compromiso del Estado con la protección de los menores de edad y la seguridad de la ciudadanía. Parisi agregó que, tras conversar con representantes de su colectividad, estos habrían considerado necesario remover al ministro durante las primeras 24 horas de iniciada la crisis. El dirigente también cuestionó que la salida del exsubsecretario Luis Silva no estuviera acompañada de una decisión similar respecto del titular de Justicia. Críticas a Kast por su viaje a Europa Los cuestionamientos de Parisi también alcanzaron directamente al Presidente José Antonio Kast, a quien responsabilizó políticamente por la conducción de la crisis. El líder del PDG criticó el viaje del mandatario a Europa, que contempla una visita al Vaticano, considerando que el Gobierno enfrenta una controversia que requiere definiciones internas. A juicio del excandidato, los problemas de coordinación y liderazgo del Ejecutivo han profundizado el conflicto, mientras las repercusiones podrían afectar la evaluación ciudadana de la administración. Acusación constitucional mantiene abierto el escenario político La oposición avanza en la preparación de una acusación constitucional contra Fernando Rabat, iniciativa impulsada por sectores del Partido Comunista, Partido Socialista, PPD, Frente Amplio, Partido Liberal y Democracia Cristiana. El libelo se enmarca en la controversia por las rebajas de condenas, incluidas las otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. En este escenario, la definición que adopten los diputados del PDG podría adquirir especial relevancia para el resultado de la votación en la Cámara. Por ahora, el ministro mantiene su decisión de continuar en el cargo y concentrar su gestión en las medidas anunciadas, mientras persiste la presión política sobre el Ejecutivo y se espera conocer la posición definitiva de las distintas bancadas parlamentarias.
El presidente José Antonio Kast designó al general de Aviación Máximo Venegas Raggio como nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO), cargo que ejercerá durante los próximos dos años. El mandatario anunció el nombramiento este miércoles y manifestó sus deseos de éxito al oficial de la Fuerza Aérea de Chile (FACh). “ He designado al general de Aviación Máximo Venegas Raggio como nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto ”, señaló Kast. Añadió que el Gobierno seguirá trabajando para fortalecer las Fuerzas Armadas y su compromiso con la defensa y seguridad del país. Venegas fue recibido este miércoles en el Palacio de La Moneda por el Presidente, en una audiencia en la que también participaron el ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, y el actual jefe del EMCO, el general de Aviación Leonardo Romanini Gutiérrez. El nuevo jefe del organismo reemplazará a Romanini, quien dejará el cargo para asumir como comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile. He designado al general de Aviación Máximo Venegas Raggio como nuevo Jefe del Estado Mayor Conjunto. Le deseo mucho éxito en esta importante responsabilidad. Seguiremos trabajando para fortalecer nuestras Fuerzas Armadas y su compromiso permanente con la defensa y seguridad de Chile. — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast), October 28, 2026 Máximo Venegas Raggio tiene 59 años e ingresó a la Escuela de Aviación Capitán Manuel Ávalos Prado en 1985. Se graduó como alférez el 1 de enero de 1989 y ese mismo año obtuvo la especialidad de piloto de guerra. Durante su carrera se desempeñó en el área de combate como piloto de aeronaves F-5, entre otras. En 2019 ascendió al grado de general de Brigada Aérea y, en 2022, al de general de Aviación. En 2022 asumió como comandante del Comando Logístico y, posteriormente, en 2024, fue nombrado comandante del Comando de Combate. En cuanto a su formación académica, es magíster en Gestión de Procesos de la Universidad Federal Fluminense de Brasil e ingeniero de Ejecución en Sistemas Aeronáuticos de la Academia de Guerra Aérea. También cuenta con formación como oficial de Estado Mayor en las academias de Guerra Aérea de Chile y de la Fuerza Aérea Brasileña, además de diplomados en Evaluación de Proyectos de la CEPAL y en Gestión Logística y Distribución de la Universidad Gabriela Mistral. El Estado Mayor Conjunto es un organismo dependiente del Ministerio de Defensa Nacional que asesora en materias relacionadas con la preparación y el empleo conjunto de las Fuerzas Armadas. Entre sus principales funciones están la planificación estratégica y la coordinación de las capacidades del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, con el objetivo de fortalecer su interoperabilidad y actuación integrada. Asimismo, ejerce el mando militar de las fuerzas asignadas a operaciones conjuntas, conforme a la legislación vigente. Fuente: BioBioChile
