No duró nada: Renuncia seremi de Justicia del BioBío por comentarios misóginos en RRSS
La dimisión de Soto Muñoz fue provocada por la exposición de una serie de comentarios misóginos y sexistas que había realizado en el pasado a través de sus perfiles en redes sociales.
el viernes pasado a las 13:36
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La Región del BioBío se vio sacudida este jueves con la repentina renuncia del recién nombrado seremi de Justicia y Derechos Humanos, Gonzalo Soto Muñoz. La noticia, que surgió después de las 20:00 horas, sorprendió a la comunidad, especialmente porque apenas había transcurrido un día desde su asunción al cargo.
La dimisión de Soto Muñoz fue provocada por la exposición de una serie de comentarios misóginos y sexistas que había realizado en el pasado a través de sus perfiles en redes sociales, en particular en la plataforma Twitter. Estos mensajes, considerados inapropiados para alguien ocupando una posición de autoridad en el ámbito de la justicia, desataron un escándalo que llevó a su renuncia.
Según revelaron fuentes cercanas a La Radio, la publicación de estos comentarios fue el factor determinante que precipitó la salida del representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la Región del BioBío. Este incidente ha avivado el debate sobre la responsabilidad y el comportamiento ético de los funcionarios públicos en el entorno digital.
Gonzalo Soto Muñoz, quien ostenta el título de abogado y cuenta con más de diez años de experiencia profesional, además de liderar un estudio jurídico privado, había ejercido previamente como juez (s) del Juzgado de Policía Local en la comuna de San Pedro de la Paz, dentro de la misma región. Sin embargo, su carrera como seremi fue truncada abruptamente debido a la controversia generada por sus publicaciones en redes sociales, subrayando la importancia del comportamiento en línea para quienes ocupan cargos públicos.
#TeSigoSiEstaNoche te acuestas en pelota
— Gonzalo Soto (@gsotoabogado) January 18, 2015
Ángela Vivanco, exministra de la Corte Suprema, seguirá detenida por cohecho y lavado de activos. Defensa intentó revertir medida, pero Fiscalía solicitó mantenerla.
Una auditoría de la Contraloría detectó que la Junji aún no ha cobrado miles de permisos médicos rechazados, lo que representa una pérdida de más de $20 mil millones. Se ordenó un plan de acción en 60 días y se remitieron antecedentes al CDE.
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