NEGOCIACIONES INDIGENAS. Parte I

Que las malas experiencias nos enseñen algo es un anhelo que raramente se cumple. Se dice que lo único que realmente se aprende de la historia es que nunca aprendemos nada de la historia.

El tema de las negociaciones indígenas se puso de más actualidad que nunca a raíz del acuerdo entre el Consejo de Pueblos Atacameños y la minera Rockwood, que ha suscitado no pocas críticas de parte de un sector del pueblo atacameño. Al menos los que no forman parte parte de las organizaciones formales aceptadas por el estado.

También muchos de los no indígenas, se han sumado a las críticas. Empresarios turísticos, ecologistas y finalmente personas con sentido común.

En ambos casos las quejas apuntan mayormente a la posible destrucción del Salar, o de lo que queda del Salar despues de años de depredación. También se cuestiona cual es la real representatividad y derecho de las organizaciones llamadas comunidades indigenas a negociar e incluso aprobar la mayor explotación del Salar. Además de la capacidad y habilidad de estas organizaciones, cuyos históricos dirigentes tienen más bien una trayectoria como pésimos negociadores.

Sobre ese convenio Rockwood-CPA, su gestación y la destrucción del Consejo de Pueblos que ha propiciado, vía la codicia de algunos dirigentes, entraremos en profundidad en la tercera parte de esta serie.

Hoy los atacameños tienen fama de negociantes. Mala fama, todo hay que decirlo, de negociadores medio tramposos y abusivos con los consumidores. De ahí los motes de “Luckanantay” y “Estafameños” que se escuchan con cierta frecuencia, sobre todo en lo que se refiere a cobros de arriendos, manejo de servicios básicos, etc.

Pero la relación y la transacción con el Estado y las empresas mineras y de otro tipo que manejan la zona no ha sido muy beneficiosa para los atacameños. Ahí no han sido muy buenos negociadores.

En esta primera parte revisaremos tres ejemplos. No pretendemos hacer una revisión exhaustiva. Son muchos los convenios, protocolos, acuerdos, ventas de agua, concesiones, etc. que se han realizado desde la promulgación de la ley indígena.

Estos tres casos y los que veremos en próximos capítulos tienen algo en común. Son principalmente llevadas a cabo por organizaciones indígenas aprobadas y en algunos casos, creadas por el Estado de Chile. Protagonistas principales son las organizaciones llamadas Comunidades Indígenas (son actualmente 18 en la zona de Atacama la Grande), pero también encontraremos asociaciones indigenas y por supuesto, el Consejo de Pueblos Atacameños.

En el caso de este último, hasta el año 2009 incluía a todas las comunidades indígenas del Alto Loa y de Atacama la Grande, pero luego de una serie de incidentes, se separaron en dos consejos distintos.
Allí falló la negociación.

Las comunidades indigenas del Alto Loa se integran hoy en el Consejo de Pueblos Originarios de Alto Loa, organización que agrupa a Chiu Chiu, Ayquina, Turi, Cupo, Toconce, Casapana, Conchi Viejo, Lasana, Toconce, etc. El Consejo de Pueblos Atacameños agrupa a las organizaciones llamadas comunidades indígenas del Área de Desarrollo Indigena (ADI) de Atacama La Grande, cuyo territorio es el mismo que el territorio del municipio de San Pedro de Atacama y son: San Pedro de Atacama, Socaire, Peine, Toconao, Talabre, Camar, Machuca, Río Grande, Coyo, Solcor, Sequitor-Checar, Catarpe, Larache, Yaye, Cúcuter, Solor, Quitor, Guatin.

Para quien se interese, mayor información sobre esta asociación indígena puede encontrarse en el sitio lickanantay.com

Recordemos brevemente. El estado de algún modo puso una cuña entre las dos zonas, al potenciar el proyecto de la empresa Geotérmica del Norte, que culminaría en el desastre del Tatio. Toconce y Caspana, como concesionarios de los géiseres, estaban interesados en que el proyecto fluyera. Atacama la Grande se oponía. ¿Cómo se resuelve el problema? Cada uno para su casa. Comunidades divididas, acusaciones amargas, resentimientos que hasta el día de hoy persisten.
Y la empresa Geotérmica del Norte (consorcio Enap-Enel) hoy día levanta Cerro Pabellón, libre de polvo y paja. Y de nuevo dejando atrás una comunidad dividida.

Pero vamos con los tres casos.

2012. Convenio Rockwood-Peine

Mediante este, Rockwood se comprometió a aportar 4.000 UF anuales (casi 105 millones al valor de octubre de 2016) para el “plan de desarrollo de la comunidad de Peine”, además de someterse a varias auditorias ambientales, etc. Algo muy parecido al convenio que tiene actualmente con el Consejo de Pueblos.

El 2012 la compañía norteamericana Rockwood Litio (ex Sociedad Chilena del Litio), presentó una reclamación ante el Consejo de Ministros para revertir el rechazo a su proyecto, que modifica los procesos productivos y de extracción del mineral con presencia en el Salar de Atacama. El Consejo de Ministros está integrado por el Ministerio de Medio Ambiente, que es quien lo preside además de las carteras de Salud, de Economía, Agricultura, Energía y Minería.Este documento, si bien sujeto a una cláusula de confidencialidad, fue publicado por la propia empresa, en el proceso de la solicitud. Rockwood lo presentó porque justamente una de las razones del rechazo de su Estudio eran los problemas con las comunidades indígenas.

El convenio fue firmado el 8 de noviembre y fue entregado al sistema de Evaluación Ambiental el día 9. No les sirvió de nada porque la solicitud fue rechazada.

En ese mismo proceso de revisión, el propio municipio de San Pedro envió a ese Consejo de Ministros un lapidario informe en contra de ellos, al mismo tiempo que uno muy benevolente para una Declaración de Impacto Ambiental parecida de SQM. Lo curioso es que el informe de 12 páginas que envió la municipalidad contra Rockwood no se lo había pedido nadie y era en realidad extemporáneo. El informe sobre SQM tenía dos páginas y no alegaba lo principal: Que SQM debía presentar un Estudio y no una Declaración. Era tanta la incoherencia que el entonces presidente del Consejo de Pueblos, Antonio Cruz, lo hizo presente en una reunión de concejo municipal, en que pidió a los concejales que se pronunciaran en el tema. Obviamente no consiguió nada.

Eran los días en que SQM pisaba aun más fuerte que ahora (o era más descarado) y su rival en el Salar no tuvo muchas opciones con los ministros de la época.

Finalmente en un nuevo proceso el 2016 la ampliación de la planta de Rockwood fue aprobada y hasta donde sabemos el convenio con Peine sigue vigente.

2013. Venta de agua a SQM por parte de la Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores de Aguas Blancas (Toconao)

La Asociación vendió a SQM 4752 m3 por día, a 55 lts/seg., por la cantidad de U$ 1.05 por m3. Hagan la matemática.

Esta venta de agua, corrompió completamente el uso original según el cual la Asociación había recibido los derechos. Gratuitos además. Agua de riego se convierte en agua para la minería. Dejando aparte los obvios problemas éticos de vender a una minera como SQM con sus antecedentes de atropellos a los derechos indígenas y ambientales, y los conflictos con la comunidad de Toconao.

Esta asociación forma parte de la Comunidad Indígena de Toconao, por lo que el acuerdo de venta tuvo que ser visado por la comunidad.

Hasta el día de hoy la negociación, el precio, etc. son discutidos al interior de Toconao, donde se produjo una división que persiste hasta ahora.

El convenio lo firmó Marlene Zuleta, actual directora del DAEM, entonces presidenta de la comunidad. Sin el consentimiento de la asamblea, según algunos comuneros. “Para los socios, una muy, muy buena ganancia. Para la causa indígena de defensa del agua, una vergüenza permanente. Y para cualquier negociación o conflicto posterior, un precedente nefasto”.Palabras de una comunera que prefiere permanecer anónima.

No mucho después la presidenta Marlene Zuleta fue expulsada de la comunidad indígena, debido a la desaparición de 11 millones de pesos. No se la acusó de robárselos, pero si de negligencia en el cuidado del patrimonio de la comunidad. Quizás el asunto de la venta del agua también pesó algo.

Desde ahí, aterrizó como directora del DAEM, llegando última en la terna, pero discrecionalmente elegida por la entonces alcaldesa Berna, en uso de sus facultades legales.

Hasta el cierre de esta edición, no conseguimos ningun miembro de la asociación que quisiera oficialmente comentar sobre el tema. Solo uno que nos recalcó que «no vendimos los derechos, sino el agua. Además, nos sobraba y se iba a perder»

2014. El Estado Chileno y CONICYT te pasan por el aro.

El Estado es la principal contraparte en las negociaciones con las organizaciones indígenas.

Y un buen ejemplo de la “buena fe” que ponen en esas negociaciones son las 36.381,02 hectáreas en el área denominada Pampa La Bola, Llano de Chajnantor, comuna de San Pedro de Atacama en la Región de Antofagasta, para el desarrollo del proyecto “Parque Astronómico de Atacama”, que se le entregaron en concesión a CONICYT (Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica) por 50 años, en enero de 2014.
El estado sostuvo que habían consultado a los indígenas. Los indígenas alegaron lo contrario.
Pero ahí está la concesión, otorgada y sin vuelta.

Esta entrega motivó protestas indígenas, especialmente de la comunidad de Toconao, ya que sus reivindicaciones territoriales, que vienen desde 1993, incluían 18.000 has. de ese territorio. Pero en sus protestas se quedaron solos y finalmente esa acción, hasta donde sabemos, no prosperó. Se realizaron reuniones y se proclamaron acciones a realizar, con variadas retóricas.

Sandra Berna entregó todo su apoyo en esta lucha a la comunidad: «Creo que en la consulta que se realizó quedaron mucha cosas inconclusas, porque las reuniones realizadas en conjunto con Conicyt y Bienes Nacionales se terminaron como debía, a pesar de que ambos organismos plantean que sí se realizó correctamente la consulta. Nosotros como alcaldía apoyamos a las comunidades, porque dudo de que todas estén mintiendo»

La Comunidad Indígena de Toconao manifiestó abiertamente a Conicyt y al gobierno de nuestro país que «demandará la nulidad de los instrumentos que concesionan nuestras demandas territoriales, por no hacer una consulta indígena como corresponde y no haber consentimiento previo, libre e informado. Y, por sobre todo, la existencia de acuerdos que nunca fueron de consenso con nuestras comunidades». El comunicado enviado por la comunidad, indica que ellos han estado peleando la regularización de sus tierras ancestrales por más de 20 años. “Y el Estado sigue entregando su patrimonio a empresas internacionales, mineras en tiempos ágiles marcando la inequidad y la injusticia social para con los pueblos indígenas andinos de Chile”.

Las conversaciones con las organizaciones indígenas venían al menos desde el 2005. Y según CONADI y CONACYT, si se había hecho la consulta y las comunidades si habían dado su consentimiento. Según los dirigentes de ese momento, ellos solo habían firmado hojas de asistencia. Nunca firmaron consentimientos ni aprobaciones. Esto puede ser cierto, ya que no seria la primera vez que alguna institución estatal usa esa forma de “aprobación” de sus propuestas. La cuestión queda sancionada y no importa cuantas protestas vengan, se da por hecho. Es una de las formas en que el Estado deja en letra muerta el convenio 169.

En enero de 2014, varias de las organizaciones llamadas Comunidades Indígenas sacaron una declaración pública que solo fue papel mojado y que no tuvo ninguna repercusión y ningún efecto. Esto a raíz de que se les informó de la inauguración del “Parque Astronómico Atacama”. En ese momento se entregó justamente una fotocopia de un listado de firmas y un acta de una reunión del 19 de marzo de 2010.

Naturalmente varios de esos dirigentes, en una reunión convocada al efecto, especialmente Mirta Solís y Ada Aramayo, declararon su ignorancia sobre el tema y su molestia por haber sido utilizados. En su momento, pedimos por ley de transparencia al Ministerio de Bienes nacionales, que se nos documentara esta consulta. Recibimos respuesta en marzo.

Si notan, en el pdf enviado por el Ministerio de Bienes nacionales, en cada hoja hay un número escrito con lapicera. Esta numeración nos imaginamos que se hizo para ordenar secuencialmente los papeles del legajo de este asunto. Eso quiere decir que nos enviaron una pequeña fracción de la información disponible.

Entre todos esos documentos, sobresale la resolución por unanimidad del CORE de recomendar el otorgamiento de la concesión.

El Decreto Supremo que entregaba la concesión se publicó el día 22 de octubre de 2013 en el Diario Oficial. El estado estaba tan seguro de la concesión que ya en 2012 habían lanzado una licitación para “Estudio acceso vial a Parque Astronómico Atacama”

El último intento de detener el proceso fue un recurso de protección que fue rechazado por la Corte Suprema en octubre del 2014. Por presentarlo fuera de plazo. Pero además la Corte indica que descarta la acción cautelar por considerar que no existe derecho indubitado sobre la propiedad de los terrenos. “(…) es pertinente dejar constancia de la controversia acerca del dominio de los inmuebles que han sido objeto de la concesión, pues el Estado acude a la inscripción que ampara su dominio y los actores alegan ser dueños de las tierras indígenas, conforme los artículos 63 y 64 de la Ley Indígena en virtud de un saneamiento de títulos, cuya tramitación no se ha completado, según refieren. En suma, se advierte un eventual litigio sobre tierras inscritas en el Conservador a nombre del Fisco de Chile y desde esta perspectiva, ante la ausencia de un derecho indubitado, no resulta procedente la acción de protección de garantías constitucionales pues se requiere un juicio propiamente tal que permita dilucidar y establecer las pretensiones de las partes”, afirma la sentencia en este aspecto.

Es decir, además la Corte dio un portazo a las pretensiones indígenas de propiedad sobre esas tierras.

Finalmente

Recién comenzamos esta serie. En ella iremos develando otras negociaciones y negaciones. Podemos entender a dirigentes que cometen errores. Es más raro si esos errores te traen beneficios personales. Y si esta conducta es persistente en el tiempo es aun más raro que sigas siendo considerado en las decisiones. Si estos dirigentes siempre tropiezan en la misma piedra, habría que pensar en pedirles que se dediquen a otra cosa. Lo raro es que eso no ocurra.
Quien más quien menos, si no podemos decir que cometieron dolo en sus acciones, si menoscabaron el patrimonio de sus organizaciones en niveles casi inconcebibles. Y no solo caminan tranquilamente por las calles. Sino que además son elegidos de nuevo en los mismos o parecidos cargos. Mucha mala memoria. O negación. ¿O acaso todos tienen tanto techo de vidrio que nadie se atreve a acusar?

Otra posible conclusión es que, conversando con los comuneros y gente de base de las organizaciones, nos encontramos con que casi nadie sabe de estos convenios, acuerdos y negociados. En gran parte por responsabilidad dirigencial, pero también de esos mismos comuneros y socios que no se informan ni exigen la información. Nada tan raro, si consideramos que funcionó y sigue funcionando un autoritarismo esencial, obvio si uno piensa en esos 22 años de mando único, que es el mejor caldo de cultivo para que sucedan hechos como los comentados.

La gente, creemos, tiene tendencia a tentarse. Por eso hay controles y fiscalizaciones. Eso parece estar faltando aquí. Pero en el caso de las organizaciones indígenas, explícitamente el Estado, vía CONADI, indica que NO pueden intervenir.

Todo esto es una situación compleja. Lazos familiares, amistades, tendencias al aislamiento, secretismo casi patológico, crisis de identidad, y sobre todo un vacío cultural en la parte indígena, permiten que prosperen prácticas que deberían ser castigadas. Mientras esas condiciones no vayan cambiando, veremos más negociaciones indignas.

Si uno fuera suspicaz, casi podría pensar que el Estado les da cierto poder para justamente tener a alguien al frente que justifique una negociación.

Si esto no fuera cierto, si es verdad que el Estado rara vez actúa de buena fe en estos asuntos. El caso de CONICYT es solo una muestra. Las mismas o parecidas situaciones se dan en el caso del museo arqueológico, las concesiones mineras y no hace mucho en la concesión de explotación de geotermia de Piuquenes 1 y 2, cerca de Socaire. Ahí fueron más explícitos: esta consulta es más bien un acto informativo.
Es que el famoso convenio 169 establece la necesidad de consulta, pero esta no es vinculante.

¿Y de que nos sirve saber lo malo que hemos sido para negociar?

Principalmente por lo que viene y los temas que nos esperan en el futuro. San Pedro ya no es un pueblito rural. Los servicios básicos van a colapsar si las organizaciones a cargo no toman cartas en el asunto. Eso implica negociaciones.
El estado está empeñado en conectarnos al sistema interconectado. Eso implica negociaciones.
El desarrollo inmobiliario de San Pedro se va a dispara en el futuro cercano, Hay condominios adportas y la anterior administración municipal proyectaba casi 900 sitios nuevos el 2017. Eso implica negociaciones.
La Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur (ZICOSUR) está en marcha. Si, ahí estamos nosotros. Eso implica negociaciones.
El año que viene se anuncia un nuevo intento de crear un nuevo plan regulador. Eso implica negociaciones.

Que las malas experiencias nos enseñen algo es un anhelo que raramente se cumple. Se dice que lo único que realmente se aprende de la historia es que nunca aprendemos nada de la historia.

Pero nosotros creemos que si se puede aprender. Más aun si eso es cuestión de vida o muerte. Al menos para los estafameños atacameños y lo poco que queda de su cultura.