Museo destruido ¿por las puras…? Parte 2: Actores principales

Nos quedó grande… el muro.

Decíamos en el capitulo anterior, que hubo varias manos que colaboraron en la destrucción del museo. La administración Berna no lo hizo sola. Se requirió la “colaboración” de varias entidades.

El proyecto de reposición del museo arqueológico estuvo mal desde el principio.
Sabemos que era demasiado ambicioso, fuera de todo contexto patrimonial atacameño. Sabemos incluso que se mintió, o al menos se exageró sobre las condiciones reales del edificio ahora a medio demoler.
¿Y porque no se construyó en otro lado, dado que existen muchos otros lugares, y luego se trasladó toda la colección, sin interrumpir el movimiento del museo?
¿Cuál es la justificación para que se le construyera a una institución privada como la Universidad Católica del Norte (UCN) un nuevo instituto, disimulado de almacenamiento provisorio, a un costo de 1000 millones de pesos?
Y si esa era la intención, ¿porque  no construir el nuevo museo ahí mismo, en vez de uno provisorio? Después de todo, el que se iba a reponer y fue demolido, también está en terrenos privados y hasta hoy no se ha traspasado al fisco.
¿Por qué la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) le entrego al municipio un proyecto de 9 mil millones y no le entrego uno pequeño, como es el de la restauración de la iglesia, de solo 600 millones y de menor complejidad? La iglesia, más allá de dimes y diretes, se entregó y ya está a la vista el resultado.
¿Por qué, además, se le entrega el proyecto a la municipalidad, que tiene un historial de fracasos en la ejecución de proyectos más complejos que una plaza?

Que entren los actores

La Universidad Católica del Norte

Tiempo atrás (citar) el rector de la UCN ofreció a las comunidades indígenas y al Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) traspasarles el museo. Les pidió que formaran una corporación y una fundación para recibirlo. Incluso se ofreció a ayudar en la formación de la entidad jurídica necesaria. Las organizaciones se negaron. Porque la administración del museo implicaba un desembolso de 600 millones anuales. Las entradas solo cubrían unos 200 millones, con suerte.

La condición que ponía en ese entonces la universidad era que se gestionase con el Estado para que se le construyera un edificio para su  instituto, que si es un buen negocio para la universidad, con sus doctorados. También debería negociarse el traspaso del terreno del museo, que no es propiedad de la universidad, sino de la iglesia católica.

Como vemos, con el tiempo, no entregaron el museo y tienen construido su instituto, o al menos la primera etapa. Y hasta donde sabemos, la universidad, ni la iglesia católica han desembolsado nada por esta construcción, que parece un regalo del fisco.
Y aun puede suceder que, si se llega a terminar la magna obra, de igual modo la UCN siga siendo parte de la administración.
Recuerden, la UCN es una institución privada que esta siendo beneficiada con una inversión cuyo origen son los impuestos que todos pagamos.
También se debe recordar que el año 2009, la UCN creó un plan de remodelación que solo costaba 900 millones. En ese momento se contrató a Rene Huerta, antiguo operador cultural y cercano a Sandra Berna. Desde ahí se levantó el megaproyecto de 9.000 millones, avalado por el entonces subdere Miguel Flores.

Los indígenas

Aquí nos referimos principalmente a los dirigentes de las llamadas comunidades indígenas, organizaciones aceptadas por el Estado de Chile como interlocutores válidos.
El año 2007, después de años de movilización y negociación, se consiguió que se retiraran los cuerpos de la exhibición del museo, lo que venia de la época del señor LePaige en irrespetuosa exhibición, según los indígenas.

Esa fue la última vez que las dirigencias mostraron un real compromiso con el patrimonio y la cosmovisión atacameña, al menos en el ámbito del museo.

Después de eso, la dirigencia, en general, derivó hacia intereses distintos, sobre todo corporativos. De hecho el conflicto que llevó a la UCN a hacer su ofrecimiento, escaló desde un conflicto gremial en que las organizaciones llamadas indígenas tomaron partido por los trabajadores de origen atacameño del museo.
En ese momento se sobrepuso a esto el proyecto del nuevo museo, en cuya gestación tuvo un papel primordial la municipalidad, ya que aunque Rene Huerta era un funcionario del museo, trabajaba en estrecha coordinación con Patricia Lanas, en ese tiempo aun nominalmente Directora de Obras, pero en realidad la mano derecha (e izquierda, según las malas lenguas) de Sandra Berna.
En el proceso de “consultas indígenas” que siguió, podemos rastrear las mismas formas  que se dan en otros proyectos realizados en la zona: Baja participación de las bases, encierro de los dirigentes con las autoridades, con muy poca o nula transparencia en las negociaciones. Más aun en los acuerdos.

Y los nombres de los firmantes, que después se justifican con que fueron “engañados”, se reiteran los mismos de siempre: Mirta Solís, Ada Aramayo, etc.

Luego de todas la “consultas” se aprobó el diseño, que costó 600 millones y se comenzó con el desmantelamiento del museo.
A esas alturas, las dirigencias ya reclamaban que el diseño les había sido impuesto, que la consulta no era tal, etc.
Pero ahí estaban las firmas. Con eso, la municipalidad y la SUBDERE siguieron adelante.

¿Qué consiguieron los indígenas a cambio?

Que en las labores de embalaje de las alrededor de  300.000 piezas del museo (si, no había un número exacto de cuanto había saqueado sacado LePaige) se contratara personal atacameño. Proporcionado por las dirigencias de las llamadas comunidades indígenas, a razón de dos personas por cada una.

También consiguieron que cuando se desmantelara el museo, algunos de los restos se repartieran entre ellos: hablamos de calaminas viejas, algunos fierros, palos y tabiquería, etc.

Y finalmente, consiguieron que en la organización que alguna vez va a administrar el museo, cuando se termine, los indígenas estén representados.
Si bien hasta hoy no se tiene claridad  sobre si será una fundación o una corporación, al menos por parte del Estado, que es quien define todo, se ha hablado de un directorio con dos representantes estatales, dos representantes de la UCN (si, no sueltan totalmente el control) y dos de organizaciones indígenas. Probablemente nominados por el CPA.
Si se llega a hacer efectiva esa institución, será interesante ver quienes serán los dos dignos o dignas representantes del pueblo lickanantay y cuanta influencia tendrán sobre el destino del museo.

Estas tres compensaciones dejan bien claro cuanto vale su patrimonio para las organizaciones llamadas comunidades indígenas.

El Estado de Chile: Consejo de Monumentos Nacionales

Para que este proyecto llegara a materializarse, se tuvo que sortear muchos obstáculos. Hizo falta además que muchas instituciones hicieran la vista gorda, principalmente el Consejo de Monumentos nacionales (CMN), que es quien en definitiva tiene la tuición de la “colección arqueológica” Porque esta colección pertenece la Estado de Chile. No a la UCN, no a las organizaciones llamadas comunidades indígenas. Mucho menos a los atacameños.
El CMN otorgó permisos y no fiscalizó como correspondía, debido a su falta de personal. Incluso en el proceso de armado de este proyecto, cerraron la oficina que tenían en San Pedro. Actualmente hay una “oficina técnica” en Antofagasta, a cargo de una funcionaria. Ya que como declara en su sitio web “El CMN es una institución centralizada y la Ley Nº 17.288 de Monumentos Nacionales no contempla la delegación de funciones y competencias en instancias regionales, constituyéndose un solo centro máximo de decisión de carácter nacional”

El municipio, actor principal

El principal impulsor de la reposición de museo, desde el principio. Ya en el 2010 Sandra Berna estaba promoviendo el proyecto.
La necesidad podía ser real, la colección necesitaba mayor protección y era tiempo de sacarlas de las cajas de bananas, Pero ya había alternativas menos faraónicas, menos ostentosas. Pero se eligió un diseño que no puede estar más lejos del contexto del pueblo. Un diseño que quedaría perfecto, al lado del mall de Calama, pero no en el tradicional casco urbano, contraviniendo además casi toda norma sobre la construcción en el pueblo.
Pero añadiendo el insulto a la injuria, la administración de Berna cometió los mismos errores de siempre, “corregidos” y aumentados.

Y así como la piscina municipal, el agua potable de Socaire o Camar (), etc. este proyecto, el mayor de todos, les quedó grande.

Ya vimos en el capitulo 1 (Ver aquí >>) como se atrasó y detuvo la obra.

La licitación que ganó la española Porción indicaba que el museo debía estar inaugurado el 2015. Y la relación entre la empresa y el municipio partió bien. Se construyeron las instalaciones provisorias (el instituto de la UCN) sin problemas. Pero empezaron los atrasos, con el embalaje de la colección.
En el intertanto, Procoin se adjudicó otras obras, de las cuales la más grande fue el liceo nuevo, que hace unos días se inundó, debido a que esta construido sobre el curso del río Vilama (pero esa es otra historia).
Hasta ahí, todos contentos. Mucho trabajo para atacameños, sobre todo cercanos de Sandra Berna. La recién electa concejal Marcela Ramos DC trabajó ahí. También Patricia Rodríguez, candidata DC a concejal. Luego se paró la construcción del jardín infantil de Toconao, también adjudicado a Procoin. A la empresa el municipio le entregó un diseño que tampoco calzaba con el terreno entregado.
Luego vino lo de siempre, que la licitación dice esto y que en realidad, que si te demando, que si no…
Finalmente, el desmantelamiento, paso necesario antes de la demolición para dejar vacío el terreno para la nueva construcción, además de permitir la repartija de los preciados materiales de segunda mano entre las organizaciones llamadas comunidades indígenas, fue asumida por el municipio, que contrató sin licitación a una empresa local. También colocaron ese cerco que se convirtió en el tablón de anuncios más caro del mundo.

Finalmente

Dejemos de lado algunos papeles secundarios y cameos varios: La intendencia, el Ministerio de Bienes Nacionales; el Ministerio de Medio Ambiente, que se hizo el loco con la declaración de impacto ambiental; la CONADI, que brilló por su ausencia, etc.

No hablaremos del desastre que fue esto para el patrimonio. No hablamos de la notable falta de transparencia en todo el proceso. No hablaremos del completo atropello al legado y obra de Le Paige, que aunque no nos guste nada, ameritaba una discusión al menos y no pasar al olvido sin pena ni gloria.

Pero llama la atención que hoy nadie diga nada. En días pasados, en un concejo municipal, la concejala Ramos le reclamaba al alcalde Catur por no haberle avisado del hallazgo de la momia al lado del museo (ver >>) en claro “atropello” de las prerrogativas indígenas. Pero eso ocurrió junto al mayor atropello al patrimonio atacameño, que esta a vista y paciencia de todos cada día. Sobre eso ella, ni nadie, dice ni media palabra. Nos queda la inquietud de si no será una forma en que los abuelos y los gentiles nos están avisando. Esperamos que a quienes les corresponda tomar acciones, lo haga.

El asunto del museo le quedó grande al municipio, le quedó grande al Estado, le quedó grande a las organizaciones llamadas comunidades indígenas. Nos quedó grande a todos. Y ese muro, ese muro… es el recordatorio de lo mal que se pueden hacer las cosas.

Pero esta historia aun no termina. En la tercera parte, analizaremos que es esto de la “colección” del museo. Cual es su valor científico, por ejemplo. Repasaremos el tema Procoin – Municipio con nuevos antecedentes del mal diseño de esta obra, y ciertas corrupciones, que impidieron que pudiera continuar. Y veremos lo más importante, si hay algún futuro posible para este proyecto.