El día 3 de julio se presentó ante la gobernación provincial del Loa una solicitud de declarar el río San Pedro agotado. Este es el quinto intento. La solicitud fue presentada por la Asociación Atacameña de Agricultores y Regantes de San Pedro de Atacama y la Comunidad Atacameña de Río Grande.
Ya se publicó, el 1 de agosto, la notificación de rigor en el diario oficial y en los medios locales, para quien quiera presentar oposiciones a esta iniciativa.
Recordemos que en las ultimas dos ocasiones, la solicitud fue denegada por razones formales, es decir no se hizo apropiadamente la publicación de la solicitud.
Las 4 solicitudes anteriores
El 2006 se realizaron los dos primeros intentos. La Asociación de Regantes, representada por Guillermo Vega, junto con la Comunidad Indígena de Río Grande, ingresó la primera solicitud en marzo de ese año. Al ser esta denegada, insistieron en septiembre, cuando la directiva era presidida por Mirta Solís. Esta solicitud también se denegó y ya no se volvió a hacer ningún intento hasta el 2014.
En agosto del 2014 se hizo el tercer intento, también junto a la Comunidad Indígena de Río Grande, al asumir la presidencia Justo Zuleta. La que fue denegada por las razones ya mencionadas, el 31 de diciembre de 2014.
El 29 de enero del 2015 se presentó la cuarta solicitud. Esta vez solo por parte de la Comunidad de Río Grande. La que fue denegada el 30 de junio de esta año. Por no haber demostrado que se habían hecho las publicaciones y difusiones respectivas.
Para que sirve la declaración de agotamiento
Según el artículo 282 del Código de Aguas, la declaración de agotamiento impide que en adelante se concedan derechos consuntivos sobre las aguas. Esto es, derechos de sacar agua y no devolverla al cauce, como serían los usos mineros, agrícolas, de consumo para agua potable, por ejemplo.
Al margen de si ahora se consigue o no, la declaración de Agotamiento no es una panacea y, debido al famoso Código, no protege totalmente el recurso, ya que no impide que se otorguen derechos no consuntivos (por ejemplo para una central hidroeléctrica) ni derechos eventuales. Además, la declaración de agotamiento puede ser revocada.
Además no impide la especulación ni los negociados sobre los derechos ya otorgados. Incluso puede elevar el precio de esos derechos, ya que los convierte en un patrimonio más exclusivo.
El río Loa está declarado como agotado, pero eso no ha impedido el mal uso de sus aguas, sobre todo por parte de las empresas mineras, de las que Codelco ha sido la más depredadora.
Para el que pueda pensar que el ejemplo de una central hidroeléctrica de pasada puede ser exagerado en nuestro río, recordemos que se mencionó la posibilidad de construir una, por parte del Estado y de la consultora Arrau, entre sus argumentos para convencer a la Asociación, cuando se discutía el embalse y la conformación de una Junta de Vigilancia,
Aun con todos esos antecedentes, la declaración de agotamiento es un paso necesario, mínimo. Solo no debemos olvidar que no va a asegurar nuestra agua.
Los derechos actuales sobre el río San Pedro
Según datos de la DGA, actualmente los derechos sobre la cuenca del Salar de Atacama, subcuenca río San Pedro son:
Consuntivos, subterráneos: 18 lts por segundo, con tres concesiones.
Consuntivos, superficiales y corrientes: 1200.7, con 26 concesiones
No consuntivos, superficial y corriente: 125, con una concesión. Esta es antigua, de 1968, registrada a nombre de CHILE EXPLORATION CO.
Por segundo año consecutivo, el poblado cuenta con puntos limpios ubicados estratégicamente y se realizarán acciones de concientización sobre el correcto manejo de los residuos. La iniciativa es articulada entre el municipio de Pozo Almonte, seremi de Medioambiente, Collahuasi y Zofri.
A la opinión pública, a los poderes del Estado y a la ciudadanía:
Desde la Asociación de Medios Digitales de Chile (AMDI-Chile), manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente al Proyecto de Ley contenido en el Boletín No. 17.484-07, actualmente en tramitación en el Senado, que propone sancionar con penas de cárcel a cualquier persona que difunda información vinculada a causas judiciales declaradas como reservadas.
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